LIMA, 17 de marzo.— Legisladores peruanos de diversas bancadas presentaron este lunes dos mociones de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debido a la falta de medidas efectivas para combatir la creciente ola de criminalidad que afecta al país. Las solicitudes fueron ingresadas tras obtener el respaldo de 33 votos en el Congreso unicameral, integrado por 130 miembros. La censura podría ser votada a partir del jueves y requiere 66 votos para prosperar.
Este movimiento político surge en medio de una escalada de violencia que ha conmocionado al país, especialmente tras el asesinato del cantante Paul Flores, vocalista del popular grupo de cumbia Armonía 10, quien fue asesinado a balazos el domingo en Lima por desconocidos en una motocicleta.
Motivos de las Solicitudes de Censura
Una de las mociones acusa al ministro de mostrar una “alarmante falta de dirección” en el Ministerio del Interior bajo el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, destacando:
- Inexistencia de trabajo en inteligencia.
- Falta de capacidad operativa para enfrentar la crisis de inseguridad.
- Incremento alarmante de homicidios y extorsiones.
Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 16 de marzo se han registrado 459 asesinatos, mientras que las denuncias por extorsión alcanzaron 1.909 casos solo en enero, reflejando un problema crónico que ha generado descontento generalizado.
El asesinato de Flores, un artista querido por millones, ha exacerbado la indignación pública y obligado a actuar incluso a grupos políticos que previamente se habían resistido a apoyar la censura del ministro.
Respuesta del Ministro Santiváñez
El ministro rechazó las acusaciones y afirmó que no tiene intención de renunciar. En declaraciones públicas, aseguró que comparecerá ante el Congreso para exponer los esfuerzos realizados junto con la policía nacional. Sin embargo, Santiváñez enfrenta investigaciones por presuntos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, lo que ha debilitado aún más su posición.
Reacciones Políticas y Públicas
La muerte de Paul Flores ha generado una oleada de críticas hacia el gobierno. Grupos políticos como Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, y Renovación Popular, encabezado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, han pedido la destitución del ministro.
“La gestión ministerial ha sido pésima”, declaró López Aliaga, reflejando el sentir de muchos ciudadanos.
Según una encuesta de Datum Internacional publicada en febrero por el diario El Comercio, un 87% de los peruanos considera que el ministro debe dejar su cargo, y un 74% percibe que la delincuencia ha aumentado significativamente en los últimos meses.
Propuestas de la Presidenta Boluarte
En respuesta a la creciente presión, la presidenta Dina Boluarte sugirió nuevamente la implementación de la pena de muerte para los extorsionadores, una idea que ya había planteado en diciembre tras el asesinato de una adolescente de 12 años. Sin embargo, esta propuesta no ha prosperado debido a la falta de consenso político y jurídico.
Por su parte, el primer ministro Gustavo Adrianzén anunció en redes sociales que decretará un estado de emergencia en Lima, permitiendo la participación de militares en labores de seguridad. Sin embargo, expertos como el exministro del Interior Carlos Basombrío han cuestionado la efectividad de esta medida:
“Un estado de emergencia es mentirle a la población y es mentirle de nuevo, porque ya lo hemos tenido y no ha funcionado”, declaró Basombrío a la televisora local N.
El Caso de Paul Flores: Un Símbolo Nacional
El asesinato del cantante de Armonía 10 ha generado una profunda conmoción en Perú. Su cuerpo está siendo velado en su ciudad natal, Piura, en el norte del país, donde miles de personas han acudido a rendirle homenaje. Otros grupos musicales planean tocar canciones de cumbia cerca de su féretro antes de su entierro programado para el miércoles.
El crimen ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de artistas y figuras públicas frente a las amenazas de extorsión, un fenómeno que ha afectado gravemente al sector artístico en los últimos años.
Conclusión: Una Crisis Que Desborda al Gobierno
La solicitud de censura contra el ministro Santiváñez refleja la frustración de la población peruana ante la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad ciudadana. Mientras tanto, propuestas como la pena de muerte y el estado de emergencia parecen insuficientes para abordar problemas estructurales que requieren soluciones integrales.
“El pueblo peruano merece acciones concretas, no promesas vacías ni medidas cosméticas”, declaró un analista político en medios locales.
El futuro del ministro Santiváñez y la estrategia del gobierno para enfrentar la crisis de inseguridad dependerán de la votación en el Congreso y de la capacidad de las autoridades para recuperar la confianza de una sociedad cada vez más desencantada.
