BOGOTÁ, 19 feb.- El Tribunal de Paz de Colombia, conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), imputó este miércoles a cuatro exgenerales del ejército por su presunta participación en una “política de facto” que incentivaba el asesinato de civiles para presentarlos falsamente como guerrilleros muertos en combate, un fenómeno conocido en el país como “falsos positivos”. Estos crímenes, cometidos entre 2002 y 2007, dejaron al menos 442 víctimas solo en la Brigada IV, que operaba en Antioquia, al noroeste del país.
La Política de Conteo de Cuerpos: Muertes como Único Indicador de Éxito
Según el tribunal, durante ese período, las fuerzas militares implementaron una política no oficial que consideraba las muertes en combate como el único indicador de éxito operacional, desestimando otras métricas como capturas o desactivación de grupos armados. Esta práctica se consolidó mediante presiones, amenazas y premios a las tropas que reportaban más bajas enemigas.
El tribunal destacó que esta política fue promovida cotidianamente a través de programas radiales dirigidos a las tropas, donde se repetían frases como: “las bajas no son lo más importante, son lo único”, fomentando una competencia despiadada por ocupar los primeros lugares en las estadísticas oficiales.
Aunque nunca fue formalizada en leyes o documentos oficiales, la JEP concluyó que esta estrategia constituía una “política de facto”, ya que fue ejecutada sistemáticamente dentro de las estructuras militares.
Imputaciones y Responsabilidades
Además de los cuatro exgenerales, el tribunal imputó a 25 exoficiales y 10 exsuboficiales del ejército por su papel en la implementación de esta política o su participación directa en los crímenes. Los cargos incluyen crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, como homicidio y desaparición forzada.
Entre los implicados figuran altos mandos que lideraron operaciones en Antioquia, una región estratégica para el conflicto armado debido a su importancia en el control territorial y las rutas del narcotráfico. Las investigaciones revelaron que muchas de las víctimas eran civiles inocentes, reclutados bajo engaños, secuestrados o asesinados sin justificación alguna, y posteriormente presentados como bajas en combate.
Contraste con la Comisión de la Verdad
La decisión del Tribunal de Paz contrasta con las conclusiones de la Comisión de la Verdad, establecida como parte del acuerdo de paz de 2016. En 2022, la Comisión determinó que los “falsos positivos” no fueron simplemente una política de facto, sino parte de una “política de gobierno” que involucraba disposiciones legales y directivas emitidas por las Fuerzas Militares, así como órdenes extralegales.
Este debate refleja las tensiones entre diferentes instancias judiciales y de memoria histórica en Colombia, mientras el país intenta reconciliarse con uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente.
¿Qué Sucede Ahora?
Tras la imputación, los exmilitares tienen 30 días hábiles para responder a los cargos. Durante este período, las víctimas también pueden presentar observaciones sobre el proceso. Si los imputados aceptan su responsabilidad, serán convocados a una audiencia pública en la que reconocerán sus acciones, lo que podría derivar en sanciones alternativas, como reparación simbólica y material a las víctimas, en lugar de prisión.
Sin embargo, si rechazan los cargos, podrían enfrentar un juicio penal con penas de hasta 20 años de cárcel. Este escenario pone en evidencia la importancia de la colaboración con la justicia para avanzar en el proceso de paz y garantizar verdad, justicia y reparación.
El Contexto Histórico: Más de 6.400 Víctimas
Las investigaciones de la JEP han documentado que al menos 6.402 personas fueron víctimas de “falsos positivos” en Colombia, principalmente entre 2002 y 2008, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este período estuvo marcado por una intensificación militar contra las guerrillas, especialmente las FARC, pero también por denuncias generalizadas de violaciones a los derechos humanos.
Los casos más emblemáticos ocurrieron en regiones como Antioquia, donde la Brigada IV fue señalada por su alto número de ejecuciones extrajudiciales. Muchas de las víctimas eran jóvenes pobres, reclutados bajo falsas promesas de empleo o simplemente secuestrados para cumplir con cuotas de muertos impuestas por los mandos militares.
Un Paso Hacia la Justicia Transicional
La creación de la JEP fue uno de los pilares del histórico Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su objetivo es investigar y juzgar crímenes cometidos durante más de cinco décadas de conflicto armado, buscando garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.
La imputación de los exgenerales y otros militares marca un avance significativo en la lucha contra la impunidad, aunque también enfrenta resistencias dentro de sectores políticos y militares que cuestionan la legitimidad del tribunal. Para las víctimas y sus familias, estas decisiones representan una oportunidad crucial para obtener respuestas y justicia.
Conclusión: Un Reto para la Memoria y la Reconciliación
El caso de los “falsos positivos” es un recordatorio doloroso de cómo la búsqueda de resultados militares puede deshumanizar a las personas y convertirlas en simples estadísticas. La imputación de los exgenerales y otros responsables es un paso importante hacia la rendición de cuentas, pero también plantea desafíos significativos para el sistema de justicia transicional en Colombia.
Mientras el país avanza en su camino hacia la paz, la verdad sobre estos crímenes sigue siendo fundamental para evitar su repetición y construir una sociedad más justa y equitativa. Para las víctimas, la justicia no solo significa castigar a los culpables, sino también garantizar que sus voces sean escuchadas y que sus pérdidas no queden olvidadas en la historia.
