DENVER, 18 feb.- Padres migrantes en el área de Denver, capital del estado de Colorado, enfrentan una crisis de miedo e incertidumbre tras la intensificación de redadas masivas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este clima de temor ha llevado a familias como la de Pedro y María, un matrimonio colombiano residente en Aurora, a retirar a sus hijos de las escuelas públicas por temor a ser detenidos o separados.
El Temor Cotidiano: Redadas en el Vecindario
Desde el 5 de febrero, cuando se llevaron a cabo redadas masivas en complejos de apartamentos en Aurora, al este de Denver, Pedro y María decidieron no enviar más a sus hijos a la escuela. “Nos encontramos con calles bloqueadas, agentes armados en nuestro vecindario y gente gritando y llorando. No nos dejaban llegar a la escuela”, relatan a EFE.
Pedro, quien es residente legal pero prefiere mantener su anonimato, explica que desde entonces, “mis hijos no han vuelto porque temen separarse de nosotros”. Este testimonio refleja la creciente sensación de vulnerabilidad entre las comunidades inmigrantes, incluso entre aquellos con estatus legal en Estados Unidos.
Las redadas del 5 de febrero en Aurora dejaron un saldo de unos cien presuntos miembros de la pandilla transnacional Tren de Aragua arrestados, convirtiendo a esta ciudad en el epicentro de un debate nacional sobre seguridad e inmigración durante la pasada campaña presidencial. Sin embargo, estas operaciones también han generado pánico generalizado entre familias inocentes cuyas vidas cotidianas han sido alteradas.
“Antes sabíamos que había que cuidarse, pero nunca dejamos de llevar a los niños a la escuela. Ahora es distinto. ICE puede entrar a las escuelas, y yo no sé si me van a detener a mí o a mis hijos. Tengo miedo de que nos separen”, confiesa Pedro.
Impacto en la Educación y la Economía Familiar
El miedo a las redadas no solo afecta la movilidad de los inmigrantes, sino que también tiene profundas consecuencias emocionales, mentales y económicas. Según el Concilio Estadounidense de Inmigración (AIC), aproximadamente 16,7 millones de personas en EE.UU. viven en familias donde al menos uno de los padres es indocumentado, incluyendo seis millones de niños ciudadanos estadounidenses. En caso de una detención, estas familias pueden perder entre el 40 % y el 90 % de sus ingresos en un lapso de seis meses.
En el ámbito educativo, el ausentismo escolar ha aumentado drásticamente en algunas áreas. En ciertas escuelas del área metropolitana de Denver, el ausentismo ha alcanzado hasta el 80 %, lo que podría comprometer los fondos escolares si los alumnos no completan los exámenes estatales obligatorios. La incertidumbre también está afectando la planificación de recursos y la financiación de los distritos escolares.
La Lucha Legal del Distrito Escolar de Denver
En respuesta a esta crisis, las Escuelas Públicas de Denver (DPS) presentaron la semana pasada una demanda histórica contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para frenar la presencia de agentes de inmigración dentro y fuera de los centros educativos. Según la demanda, “los padres inscriben a sus hijos en las escuelas públicas con la confianza de que serán educados sin temor a operativos migratorios dentro de esas instituciones”.
El DPS busca garantizar que los estudiantes puedan asistir a clases sin miedo, destacando que la incertidumbre está afectando negativamente la asistencia escolar y, por ende, la financiación de los distritos. “El miedo a las redadas en las escuelas está generando una asistencia irregular e impredecible, con un impacto directo en los fondos y en la planificación de los recursos escolares”, advierte el documento legal.
Esta acción judicial marca un hito como la primera lucha de este tipo en el país contra el Gobierno federal bajo el régimen de Donald Trump, subrayando la urgencia de proteger a los estudiantes y sus familias.
Medidas de Apoyo en las Escuelas
En un esfuerzo por mitigar el impacto del miedo, las Escuelas Públicas de Aurora (APS) han implementado nuevas medidas de seguridad y ampliado su sistema de comunicación con los padres. Estas iniciativas buscan tranquilizar a las familias y motivarlas a permitir que sus hijos regresen a las aulas.
Sin embargo, la situación sigue siendo frágil. Pedro y María, por ejemplo, han dejado de asistir a eventos comunitarios y servicios religiosos debido a la ansiedad provocada por las noticias y las redes sociales, que constantemente reportan rumores sobre nuevas redadas o recortes de beneficios. “Las noticias dicen que hubo una redada aquí o que van a cortar los beneficios de alimentos. No sé qué va a pasar. Uno quiere salir adelante, pero ahora no estoy segura de que mis hijos tengan un buen futuro”, lamenta María.
Impacto Emocional y Académico en los Niños
Un informe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI) revela que uno de cada tres estudiantes latinos en EE.UU. sufre ansiedad o depresión debido al miedo a operativos migratorios. Los expertos advierten que esta situación no solo afecta el bienestar emocional de los menores, sino también su rendimiento académico.
Para familias como la de Pedro y María, el desafío es doble: proteger a sus hijos del miedo mientras intentan asegurarles un futuro mejor. “No quiero que mis hijos vivan con miedo. No puedo rendirme. Como nosotros, miles de inmigrantes enfrentan incertidumbre todos los días, pero seguimos aferrándonos a la esperanza de un futuro mejor”, asegura Pedro.
Un Futuro Incierto para las Comunidades Inmigrantes
Las redadas masivas y la falta de protección para las escuelas están exacerbando el miedo y la inseguridad entre las comunidades inmigrantes en Denver y otras partes del país. Mientras el distrito escolar de Denver lidera la primera batalla legal para proteger a los estudiantes de las operaciones de ICE, las familias continúan enfrentando decisiones difíciles sobre la educación y la seguridad de sus hijos.
El impacto de estas políticas migratorias no solo afecta a los inmigrantes directamente involucrados, sino también a la sociedad en su conjunto, al comprometer la educación, la economía y el tejido social de comunidades enteras. El resultado de esta lucha legal podría marcar un precedente crucial para proteger los derechos de los estudiantes y sus familias en todo el país.
