Madrid, 4 feb.- El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, en línea con el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aunque sin el respaldo de la patronal.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó la medida como un paso clave para “modernizar” España y aseguró que “hoy es un día histórico”, destacando que esta reforma “hace que la vida real cambie” al mejorar las condiciones de los trabajadores.
“Cumplimos con un compromiso histórico de este Gobierno con los trabajadores”, subrayó por su parte la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.
Tramitación parlamentaria y falta de apoyo de la patronal
El anteproyecto de ley deberá regresar en segunda vuelta al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria, donde el Gobierno buscará consensos con todas las fuerzas políticas.
La reducción de la jornada laboral, que pasará de las 40 a las 37,5 horas semanales en cómputo anual a partir de 2025, forma parte del acuerdo de coalición gubernamental y fue pactada tras once meses de negociaciones con los sindicatos.
Aunque la patronal se desmarcó del acuerdo, Díaz afirmó que esta medida “ya forma parte del país” y que los empresarios no pueden oponerse por “sentido común”. La ministra aseguró que el texto del anteproyecto recoge íntegramente el acuerdo con los sindicatos y que, salvo “correcciones técnicas”, se presentará sin cambios en el Parlamento.
Díaz también desafió al Partido Popular (PP), preguntando si “se reconciliarán con los trabajadores” apoyando la medida o “cometerán el mismo error” que cuando rechazaron la reforma laboral.
Reacciones políticas: apoyo y críticas
El PP expresó su rechazo al proyecto, criticando la ausencia de la patronal en las negociaciones y tachando de “pobre” que PSOE y Sumar celebren haber llegado a un consenso interno.
Vox calificó la reforma como un “capricho más” de Yolanda Díaz, acusándola de haberla “sacado de la manga” para mantenerse en el centro del debate político.
Por el contrario, Compromís aplaudió la iniciativa como un “hito histórico”, mientras que Sumar manifestó su disposición a negociar “lo que haga falta” para asegurar el respaldo de Junts. Desde Sumar recordaron que ya existen ayudas previstas para pymes, anticipándose a posibles objeciones de la formación independentista.
Control horario y derecho a la desconexión digital
Además de la reducción de la jornada, el anteproyecto introduce cambios en el control horario, estableciendo que debe ser “objetivo, fiable, accesible e interoperable”.
Asimismo, se refuerza el derecho a la desconexión digital, garantizando que los trabajadores no sufran represalias por rechazar comunicaciones fuera del horario laboral y protegiendo su privacidad frente a herramientas de videovigilancia y geolocalización.
El incumplimiento del registro de jornada será considerado una infracción por cada trabajador afectado, mientras que las irregularidades en la organización del tiempo de trabajo que pongan en riesgo la seguridad y salud laboral se calificarán como infracciones muy graves, con multas de entre 1.000 y 10.000 euros.
Las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos y cumplir con la nueva normativa.
