NEWARK, 25 de enero.- El alcalde de Newark, Ras Baraka, denunció públicamente este sábado una redada llevada a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un negocio de mariscos en esta ciudad de Nueva Jersey, donde, según el edil, se detuvo a inmigrantes y ciudadanos estadounidenses sin una orden judicial, en un incidente que ocurrió solo días después de que el presidente Donald Trump renovara sus promesas de deportaciones masivas.
La redada, realizada el jueves, fue descrita como una operación de “violación” de la Constitución, ya que los agentes actuaron sin el debido proceso legal. Baraka lamentó que las detenciones no siguieran los lineamientos establecidos por el presidente Trump, quien ha señalado que las deportaciones se deben enfocar en personas que hayan cometido delitos. “Ninguna de estas personas era violadora, criminal o delincuente”, señaló el alcalde.
De acuerdo con testigos, las personas detenidas eran en su mayoría migrantes de origen ecuatoriano, una comunidad que tiene una presencia significativa en la ciudad. Durante la redada, agentes fuertemente armados bloquearon entradas y salidas, y registraron el lugar sin presentar ninguna orden judicial. “Golpeaban las puertas de los baños para asegurarse de que nadie se escondiera”, describió Amy Torres, directora ejecutiva de la Alianza de Nueva Jersey por la Justicia de los Inmigrantes.
Baraka, quien es afroestadounidano, expresó su preocupación por los efectos de este tipo de operativos. “¿Cómo determinar quién es indocumentado y quién es criminal con sólo mirarlo?”, cuestionó, al tiempo que advirtió que tal comportamiento recuerda a “una época peligrosa en este país”, refiriéndose a la discriminación racial. “La gente tiene miedo”, agregó Torres, quien comparó la operación con una película de acción debido a la agresividad de los agentes.
El ICE, por su parte, ha defendido las detenciones, asegurando que entre las personas capturadas se encontraba un “presunto terrorista”, miembros de la banda venezolana Tren de Aragua y varios individuos condenados por delitos sexuales contra menores. En total, han sido deportados cientos de personas, algunas de ellas en vuelos militares a Guatemala.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), han instado a los indocumentados a seguir ciertas pautas para protegerse de posibles abusos, como no abrir la puerta a menos que los agentes presenten una orden judicial.
Este incidente resalta la creciente tensión en las políticas migratorias bajo la administración Trump, especialmente en ciudades consideradas santuarios migratorios como Newark, donde las autoridades locales limitan su cooperación con el gobierno federal en cuestiones relacionadas con la inmigración.
