Madrid, 13 enero.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un conjunto de medidas para abordar la crisis de vivienda en España, entre las que destaca un impuesto de hasta el 100% sobre la compra de propiedades por parte de residentes que no pertenezcan a la Unión Europea. El objetivo es aliviar el problema de asequibilidad y frenar el aumento de precios en las principales ciudades y zonas costeras.
El plan busca ofrecer “más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas”, según indicó Sánchez, aunque aún no está claro si la propuesta será aprobada en el Parlamento, donde la coalición minoritaria del presidente enfrenta desafíos para consolidar apoyos.
El problema de la asequibilidad en España
La crisis de vivienda en España se ha intensificado en ciudades como Madrid y Barcelona, donde los precios de alquiler y de compra han superado significativamente el crecimiento de los ingresos, afectando especialmente a los jóvenes. Factores como el turismo masivo y el auge de los alquileres a corto plazo en plataformas como Airbnb han exacerbado el problema.
En 2024, España recibió más de 88,5 millones de turistas, consolidándose como uno de los destinos más populares del mundo. Sin embargo, este turismo ha generado tensiones debido al impacto en los precios de alquiler, la saturación de viviendas y la presión sobre recursos naturales en regiones como las Islas Canarias y Baleares.
Restricciones a la compra por extranjeros
Entre las medidas propuestas, el Gobierno planea implementar un impuesto de hasta el 100% sobre la compra de viviendas por parte de no residentes de la UE. Según datos presentados por Sánchez, este grupo adquirió 27.000 propiedades en 2023, en su mayoría con fines especulativos.
“No se trata de limitar el acceso de las personas, sino de garantizar que las viviendas se destinen a quienes realmente las necesitan para vivir”, afirmó el mandatario. Sin embargo, el anuncio carece de un cronograma y detalles específicos sobre cómo se aplicará esta medida.
Otras iniciativas propuestas
El plan de Sánchez incluye:
- Construcción de vivienda pública: Se destinarán 2 millones de metros cuadrados a una nueva agencia de vivienda pública para ampliar la oferta.
- Regulación de alquileres vacacionales: Aumento de impuestos sobre estas propiedades y la promesa de limitar su proliferación, como ya se ha propuesto en Barcelona.
- Incentivos fiscales: Beneficios para propietarios que ofrezcan viviendas a precios asequibles.
- Reformas legales: Cambios para acelerar los procesos de construcción y facilitar el uso de terrenos privados para desarrollos residenciales.
Un desafío político y constitucional
El acceso a una vivienda digna está consagrado en la Constitución española como un derecho fundamental. Sin embargo, el cumplimiento de este derecho sigue siendo un reto en un contexto de descontento ciudadano por el aumento del costo de vida.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, afirmó que estas medidas buscan responder a las expectativas de los ciudadanos, aunque reconoció que la implementación podría enfrentar resistencia política.
Sánchez, como uno de los principales líderes socialistas de Europa, se juega gran parte de su credibilidad en la capacidad de su gobierno para abordar esta crisis, especialmente tras ganar un nuevo mandato en 2023 con una coalición frágil que requiere resultados tangibles en áreas clave como la vivienda.
