Buenos Aires, 25 oct.- El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó este viernes un decreto que ordena la venta de aproximadamente 1.200 inmuebles del Estado, valorados en alrededor de 800 millones de dólares, como parte de su política para reducir el tamaño del Estado y mejorar la eficiencia administrativa.
La medida fue anunciada en el Boletín Oficial, donde se instruyó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a iniciar el proceso de venta de propiedades que el Gobierno considera “innecesarias” para la administración pública. Aunque el decreto excluye ciertos inmuebles estratégicos y aquellos ubicados fuera de Argentina, el documento incluye un anexo detallando unas 300 propiedades, entre las que se encuentran edificios, terrenos sin construcción, y residencias en todo el país.
En una rueda de prensa, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, explicó que el plan abarca la subasta de más de 400 propiedades y la venta de otras 800. “Estas propiedades tienen un valor estimado de 800 millones de dólares y su venta tiene como único objetivo reducir gastos innecesarios del Estado”, indicó Adorni. Entre los inmuebles destaca la sede del Ministerio de las Mujeres en Buenos Aires, una dependencia disuelta por Milei, cuyo valor es de 12,5 millones de dólares.
Adorni también mencionó que el Gobierno incluirá en las ventas propiedades confiscadas en casos de corrupción y narcotráfico, reafirmando el compromiso de aplicar medidas de austeridad que alivien las finanzas públicas. Las primeras subastas están programadas para realizarse antes de fin de año.
El decreto subraya la necesidad de dar un uso eficiente a los bienes del Estado, evitando los costos asociados con propiedades sin función administrativa. En esta línea, la administración Milei también ha promovido la privatización de empresas estatales, buscando un ajuste estructural que optimice los recursos y reduzca el gasto público.
Con esta medida, el Gobierno de Milei continúa impulsando su agenda de reformas orientadas a disminuir la presencia estatal en sectores que, considera, pueden ser gestionados de forma más eficaz por el sector privado.
