Lima, 16 oct.- Un trágico episodio de violencia conmocionó a Lima el lunes, cuando un hombre armado irrumpió en una escuela y asesinó a un profesor delante de sus alumnos, en un contexto de creciente inseguridad y bajo el estado de emergencia que afecta a varias zonas de la capital peruana.
Jorge Jares, jefe policial del este de Lima, explicó que las cámaras de seguridad del colegio público “Julio César Tello” captaron cómo el agresor, disfrazado de notificador judicial, entró en el centro educativo y, sin mediar palabra, disparó tres veces al docente. “Eso no se ha visto nunca dentro de un colegio”, lamentó Jares ante la prensa. El Ministerio de Educación identificó a la víctima como Julio Pacheco Pimentel.
El atacante, quien continuó disparando al profesor una vez que este cayó al suelo, huyó rápidamente en una motocicleta conducida por un cómplice. Las autoridades han iniciado una investigación para dar con los responsables de este crimen, que ha dejado a la comunidad educativa en estado de shock.
Este brutal asesinato tiene lugar en medio de un estado de emergencia que afecta a 14 de los 50 distritos de Lima, decretado debido al alarmante incremento de la delincuencia, especialmente relacionada con extorsiones. Según datos oficiales, estas actividades delictivas se han quintuplicado entre 2021 y 2023, y han provocado paralizaciones del transporte y la suspensión de clases en repetidas ocasiones, afectando a casi dos millones de estudiantes en la capital.
El ministro de Educación, Morgan Quero, se dirigió a los padres de familia tras el incidente, asegurando que el gobierno combatiría “a los delincuentes extranjeros” responsables de la violencia. Sin embargo, el jefe policial Jares aclaró que las primeras investigaciones sugieren que el asesino, por su apariencia y acento, sería peruano.
El asesinato de Pacheco desató la indignación de un centenar de padres de familia, quienes se congregaron frente a la escuela exigiendo “hechos y no palabras” y justicia para el maestro. En sus gritos, pidieron el cierre del Congreso y manifestaron su repudio hacia la presidenta Dina Boluarte, cuya gestión enfrenta una impopularidad del 92%, según una encuesta nacional reciente de Datum.
El incidente también reavivó las críticas hacia la ley 32108, aprobada en agosto por el Congreso. Dicha ley ha sido acusada de facilitar la impunidad, ya que establece que las viviendas de los presuntos delincuentes no pueden ser allanadas hasta la presencia de sus abogados. Críticos señalan que, bajo la ley anterior, las autoridades solo necesitaban la aprobación de un juez con indicios razonables para realizar un allanamiento.
El gobierno ha decretado tres días de suspensión de clases en la escuela donde ocurrió el asesinato, mientras la comunidad educativa y el país entero buscan respuestas ante este acto de violencia sin precedentes en un centro escolar.
