Montreal, 16 oct.- Los municipios bilingües de Quebec han perdido su batalla judicial para suspender varias secciones de la controvertida Ley 96, la reforma del idioma francés implementada por el gobierno provincial. El Tribunal Superior de Quebec desestimó la solicitud de las comunidades, que argumentaban que la ley les causaría un daño grave e irreparable mientras el caso continúa en los tribunales.
El mes pasado, estas comunidades pidieron al tribunal que detuviera la aplicación de algunas disposiciones de la Ley 96, señalando que la normativa podría poner en peligro los subsidios federales para las ciudades que no la cumplan, además de otorgar amplios poderes de búsqueda e incautación al organismo de control lingüístico que excederían incluso los de la policía.
Por su parte, el gobierno de Quebec sostuvo que no había pruebas de que la ley hubiera causado daño alguno y que las preocupaciones planteadas por los municipios no justificaban la suspensión de su aplicación.
En una decisión emitida el martes, la jueza Silvana Conte rechazó la solicitud de suspensión, argumentando que este tipo de medidas sólo deben concederse en situaciones excepcionales y que los municipios no habían demostrado que la ley causara un daño grave o irreparable.
Los municipios bilingües, que tienen el derecho de atender a sus ciudadanos tanto en inglés como en francés, temen que la Ley 96 limite su capacidad para seguir funcionando en inglés. Además, durante la audiencia judicial en septiembre, el abogado Julius Grey, que representó a los municipios, argumentó que en algunas de estas comunidades, compuestas mayoritariamente por angloparlantes, la ley haría difícil realizar contratos en inglés o emplear a personal unilingüe anglófono.
Grey también advirtió que la ley otorga al Office québécois de la langue française, el organismo encargado de velar por el uso del francés, el poder de confiscar materiales que podrían contener información sensible como datos personales de empleados y documentos legales protegidos por el privilegio abogado-cliente. Además, señaló que los municipios podrían verse obligados a disciplinar a los empleados que no cumplan con las normativas lingüísticas.
Sin embargo, Charles Gravel, abogado que representó al gobierno de Quebec, argumentó que muchas de las preocupaciones eran exageradas y que no había pruebas de que la ley hubiera provocado embargos o la pérdida de subsidios. “No se pueden mezclar las aprensiones y los hechos”, declaró Gravel durante la audiencia.
La Ley 96, adoptada en 2022, refuerza la Carta del Idioma Francés de Quebec, que fue implementada originalmente en 1977. Esta ley ha generado controversia en las comunidades angloparlantes, especialmente en los 23 municipios que presentaron el desafío judicial, entre ellos suburbios de Montreal como Westmount y Côte-St-Luc, así como comunidades más pequeñas cercanas a las fronteras con Estados Unidos o con otras provincias.
A pesar de la derrota en esta primera fase judicial, las comunidades bilingües continúan luchando por lo que consideran una amenaza a sus derechos lingüísticos.
