Ginebra, 15 oct.- La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha señalado este martes que existen «motivos razonables» para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El informe destaca la persecución de opositores y la represión violenta de protestas como parte de una estrategia sistemática de violaciones de derechos humanos.
En un documento de 158 páginas que cubre el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la misión denuncia que tanto las fuerzas de seguridad como grupos armados progubernamentales estuvieron involucrados en asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, y violencia sexual y de género. Los responsables de estos crímenes incluyen al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, entre otros.
Represión y persecución política
El informe subraya que las fuerzas de seguridad emplearon de manera «masiva» la detención arbitraria y el uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, así como tratos crueles y degradantes. Además, acusa a las autoridades venezolanas de incitar a la represión, señalando que tras las elecciones, los altos funcionarios del Estado, con sus declaraciones, fomentaron un ambiente de hostilidad y violencia.
Otras instituciones implicadas en la erosión de los derechos humanos incluyen al Consejo Nacional Electoral, que «falló en garantizar la transparencia e integridad» de los comicios, y a la Asamblea Nacional, que aprobó leyes contrarias a los derechos fundamentales. El sistema judicial venezolano también fue criticado por operar sin independencia, contribuyendo a la represión de opositores.
Ampliación del perfil de las víctimas
Aunque la misión, establecida en 2019, ya había documentado graves violaciones de derechos humanos, este nuevo informe destaca que el alcance de la represión se amplió significativamente durante el proceso electoral, afectando no sólo a líderes de la oposición, sino también a ciudadanos comunes que manifestaron su desacuerdo con el gobierno o los resultados electorales.
Durante los 10 meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron arrestadas en el marco de operaciones como “Brazalete Blanco”, acusadas de conspirar contra el gobierno. Asimismo, durante la campaña electoral, otras 121 personas fueron detenidas por colaborar con la oposición.
La misión, encabezada por la jurista portuguesa Marta Valiñas, junto con el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, concluye que la represión se intensificó tras los comicios, con detenciones masivas e indiscriminadas. El informe compara el volumen de las detenciones, que podrían haber ascendido a miles, con las oleadas de protestas y represiones anteriores en 2014, 2017 y 2019.
