Buenos Aires, 9 oct. – El reciente veto del presidente de Argentina, Javier Milei, a una ley que proponía aumentar los fondos para la educación pública superior ha exacerbado el enfrentamiento con profesores y estudiantes que exigen mayores recursos para las universidades. Esta decisión ha desatado una nueva ola de protestas en todo el país, agravando una crisis que ya llevaba meses de tensiones.

El origen del conflicto

El conflicto en las universidades argentinas comenzó a intensificarse a principios de este año, cuando docentes, personal no docente y estudiantes se movilizaron para protestar por la falta de actualización del presupuesto asignado a las universidades públicas. Debido a la escalada de la inflación, que alcanzó el 289,4 % interanual en abril pasado, el presupuesto universitario sufrió un importante recorte en términos reales, afectando gravemente su funcionamiento.

En respuesta a una masiva movilización el 23 de abril, el Gobierno decidió otorgar fondos adicionales para el funcionamiento de las universidades. Sin embargo, los reclamos persistieron, especialmente de los sindicatos, que demandaban un ajuste salarial que compensara el impacto de la inflación. Paralelamente, la oposición impulsó un proyecto de ley de financiación universitaria, aprobado el 13 de septiembre, que Milei vetó por completo el 3 de octubre, apenas un día después de nuevas movilizaciones masivas en defensa de la educación superior.

El coste de financiar la educación universitaria

La ley vetada proponía actualizar los fondos destinados a las universidades en función del índice de inflación, que en agosto alcanzó el 236,7 % interanual. También contemplaba una recomposición salarial para el personal universitario, ajustada a la inflación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de la ley tendría un impacto fiscal del 0,14 % del PIB, un monto que la comunidad universitaria considera manejable y no perjudicial para las cuentas públicas.

No obstante, el presidente Milei justificó su veto argumentando que la aplicación de la ley comprometería los esfuerzos del Gobierno para alcanzar el equilibrio fiscal. El Ejecutivo propone que la financiación universitaria sea parte del debate sobre el presupuesto nacional de 2025, lo que ha generado aún más descontento entre los sectores educativos.

El veto presidencial y las tensiones en el Parlamento

La Constitución argentina permite al presidente vetar total o parcialmente una ley, pero dicho veto puede ser revertido si ambas cámaras del Parlamento vuelven a aprobar el proyecto por una mayoría de dos tercios. Actualmente, el oficialismo de Milei se encuentra en minoría en el Congreso, por lo que necesitaría alianzas con sectores de la oposición para sostener el veto.

La oposición ha convocado a una sesión plenaria en la Cámara de Diputados este miércoles para debatir el veto, y se esperan grandes manifestaciones organizadas por movimientos sociales y educativos en rechazo a la decisión del presidente.

La importancia de la educación pública

Desde 1949, la educación universitaria pública es gratuita en Argentina, lo que ha permitido que amplios sectores de la población accedan a estudios superiores. Sin embargo, la crisis económica actual ha impactado profundamente a los jóvenes, siendo este el grupo más afectado por la pobreza. Según cifras oficiales del primer semestre, seis de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años no pueden cubrir sus necesidades básicas.

El peso de las universidades públicas es significativo en el país: en 2022, casi 2 millones de estudiantes estaban matriculados en universidades estatales, en comparación con los 510.221 en instituciones privadas. Las universidades nacionales no solo son importantes por su accesibilidad, sino también por su reputación académica y su rol en la movilidad social en un contexto económico cada vez más complicado.

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