Santa Cruz de Tenerife, 21 de septiembre — El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido suspender la aplicación del protocolo del Gobierno de Canarias para la atención de menores extranjeros no acompañados que llegan por vía marítima. Esta decisión se produjo tras una solicitud de la Fiscalía, que argumentó que el protocolo podría perjudicar a niños en “situación de desamparo patente”.
En su resolución, el TSJC reconoció la “especial urgencia” de la situación y el “principio de elemental cautela”, lo que llevó a la suspensión inmediata del protocolo sin escuchar las consideraciones del Gobierno canario. El tribunal subrayó la importancia de buscar espacios de diálogo para coordinar acciones en un clima de lealtad institucional, lo que resulta crucial para abordar la inmigración irregular y su impacto en la comunidad autónoma.
La Fiscalía había señalado que, con la aplicación del protocolo, los menores migrantes no acompañados rescatados en el mar o interceptados en la costa quedarían desprovistos de atención inmediata. El TSJC consideró “incontestable” que el protocolo implica un conjunto de requisitos que deben cumplirse antes de que los menores sean entregados a la comunidad para su cuidado.
Sin embargo, el tribunal enfatizó que no se pronunciará sobre la legalidad del protocolo en este momento, sino que se centra únicamente en la urgencia de la petición de la Fiscalía. Al no especificarse cuándo comenzaría a aplicarse el protocolo, se asumió que podría ser inmediato desde su publicación, lo que motivó la suspensión.
El Gobierno de Canarias, por su parte, ha defendido que el protocolo no llegó a aplicarse y que su discusión ha generado mejoras en la atención de menores. El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, indicó que respetan la decisión judicial y que presentarán las alegaciones pertinentes en los próximos días. Destacó que la discusión en torno al protocolo ha permitido avances, como la individualización de los registros de los menores con fotografías.
Esta suspensión pone de manifiesto la compleja situación de la inmigración en Canarias y la necesidad de establecer un marco adecuado para la atención de los menores migrantes, quienes enfrentan numerosos desafíos al llegar a las islas.
