San Salvador, 29 ago.- Tres miembros de la Mara Salvatrucha (MS13) han sido condenados a penas de más de 300 años de prisión por diversos delitos, incluyendo extorsión agravada y organizaciones terroristas, según informó este jueves la Fiscalía General de El Salvador.
José Alfredo Canales fue sentenciado a 384 años de cárcel por extorsión agravada, proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, y pertenencia a organizaciones terroristas, entre otros cargos. Asimismo, Eduardo Ramírez y Yoni Lobo recibieron condenas de 325 y 320 años, respectivamente, por extorsión y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Fiscalía detalló que estos pandilleros perpetraron los crímenes entre agosto de 2017 y marzo de 2018 en la región oriental del país. Las víctimas, en su mayoría comerciantes, pagaban entre 30 y 200 dólares mensuales bajo amenazas, lo que alimentaba las operaciones criminales de la pandilla.
Contexto del régimen de excepción
El comunicado no especificó si estos pandilleros fueron arrestados en el marco del régimen de excepción implementado por el Gobierno salvadoreño en su “guerra” contra las pandillas. Este régimen, que ha contado con un amplio respaldo popular, ha sido la principal estrategia del presidente Nayib Bukele para combatir a estas organizaciones criminales, medida que también facilitó su reelección inmediata, a pesar de la prohibición constitucional.
Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, se han registrado más de 81,100 detenciones, de las cuales más de 7,000 personas han sido liberadas bajo condiciones especiales. No obstante, diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado más de 6,400 casos de violaciones, incluidas detenciones arbitrarias y torturas, además de reportar más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, muchas de ellas con signos de violencia.
El régimen se aprobó tras un violento fin de semana a finales de marzo de 2022, en el que más de 80 personas fueron asesinadas, un hecho que investigaciones del medio local El Faro atribuyen a la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
