Cali (Colombia), 24 de ago.- Tras un mes recorriendo cinco regiones de Colombia, la ‘Caravana Humanitaria por la Vida, la Paz y la Permanencia en el Territorio’ presentó este viernes un informe que evidencia cómo el paramilitarismo ha ganado terreno en el país, acompañado de un “recrudecimiento del conflicto armado”.
La caravana, que comenzó el 23 de julio en Bogotá, contó con la participación de 187 personas de 14 nacionalidades. Estas se adentraron en comunidades afectadas por el conflicto armado, recopilando testimonios y pruebas que serán entregadas al Gobierno Nacional.
Durante el recorrido por Arauca, Antioquia, Sur de Bolívar, Chocó y el suroeste del país, más de 128 guardias campesinos, indígenas y afrodescendientes facilitaron el acceso a estas áreas, donde los participantes documentaron la situación en un informe parcial presentado en Cali.
El informe revela un aumento de la violencia tras la firma del acuerdo de paz de 2016 y el incumplimiento de estos acuerdos. “Hay grupos que usan nombres de disidencias de las FARC, pero no tienen ideales políticos, solo atacan a civiles y líderes sociales”, señaló una de las representantes, quien prefirió no ser citada.
La caravana denunció que “cada grupo tiene su propia ley”, imponiendo su control sobre las comunidades y generando desplazamientos forzados y asesinatos, resultado de enfrentamientos entre estos grupos o con las fuerzas militares.
Los representantes de la caravana expresaron su preocupación por no haber podido abarcar otras regiones afectadas por violaciones de derechos humanos, crisis humanitaria y abandono estatal. En el Oriente Antioqueño, por ejemplo, se detectó un clima de temor y desesperanza en la comunidad, mientras que en el sur de Bolívar, existe inquietud ante la posible ruptura de los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno.
En Cauca, según datos recopilados por la caravana, se han registrado 397 muertes violentas entre el 1 de enero y el 20 de agosto de este año. El norte del Cauca, donde el Estado Mayor Central (principal disidencia de las FARC) ha estado cometiendo atentados continuos, ha sido especialmente afectado, con 63 asesinatos en Santander de Quilichao y 35 en Corinto. Además, 21 líderes sociales han sido asesinados, siete firmantes de paz han perdido la vida y más de 5.000 personas han sido desplazadas.
Durante el acto en Cali, Iván Cepeda, congresista del Pacto Histórico, subrayó la necesidad de visibilizar y enfrentar las prácticas paramilitares en Colombia, afirmando que estas formas de violencia no han desaparecido y siguen bajo un “cómodo manto de silencio, tolerancia y promoción desde distintos centros de poder”.
El informe final de la caravana, que se presentará en octubre al Gobierno y a las entidades correspondientes, incluirá exigencias para la protección de la vida de los líderes sociales, indígenas y campesinos en Colombia.
