Lima, 30 julio.- El fiscal general de Perú, Juan Carlos Villena, ha presentado este martes una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y seis exministros por su presunta responsabilidad en los homicidios y lesiones graves ocurridos durante las protestas sociales de finales de 2022 e inicios de 2023.
La denuncia se refiere a las manifestaciones que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, y que resultaron en 44 muertes y 116 heridos en nueve regiones del país. Entre las víctimas, se incluyen 41 muertos por proyectiles de arma de fuego y tres por golpes con objetos contundentes. Además, se registraron 78 heridos por armas de fuego, 27 por golpes con objetos contundentes, 6 por bombas lacrimógenas y 5 por otros objetos.
La denuncia, presentada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, acusa a Boluarte y a los exministros Pedro Angulo, Alberto Otárola, Jorge Chávez, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves bajo el título de comisión por omisión. Estos cargos se enmarcan en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos.
La denuncia está sujeta a la aprobación del Congreso para que este recomiende la acusación contra los implicados. Entre los exministros denunciados, Angulo y Otárola fueron presidentes del Consejo de Ministros; Otárola y Chávez lideraron el Ministerio de Defensa; y Cervantes, Rojas y Romero ocuparon el Ministerio del Interior.
A mediados de julio, Amnistía Internacional había señalado a Boluarte como responsable penal por las muertes ocurridas durante las protestas, basándose en un informe que indicaba que, aunque la presidenta negó tener contacto directo con los comandantes, sí tuvo múltiples oportunidades para condenar el uso excesivo de la fuerza y ordenar cambios en la táctica.
El primer ministro Gustavo Adrianzén rechazó el informe de Amnistía Internacional, alegando que refleja un “sesgo político” y cuestionó el carácter del informe, que menciona el “racismo letal” en la respuesta de las fuerzas del orden.
La Fiscalía también ha archivado la denuncia por genocidio y continúa investigando a 824 personas en 303 carpetas fiscales por delitos relacionados con las protestas, incluyendo entorpecimiento de servicios públicos, violencia contra la autoridad y daños a la propiedad pública y privada.