La Habana, 15 de julio. — El Parlamento cubano se dispone a respaldar esta semana un nuevo plan de ajuste del Gobierno, el segundo en apenas seis meses, para afrontar la grave crisis económica que afecta al país desde hace cuatro años.
El Consejo de Ministros ha presentado una serie de medidas para recortar gastos, incluyendo la suspensión de inversiones públicas y la reducción de partidas presupuestarias. Estas medidas se suman a las decisiones del pasado diciembre, que buscaban principalmente aumentar los ingresos en pesos y divisas. Aquí se presenta un recorrido por las principales decisiones que afectan al Estado y a las pequeñas empresas privadas, así como una radiografía de la compleja situación de la isla, que el propio Gobierno califica de “economía de guerra”.
Situación macroeconómica
El producto interno bruto (PIB) cubano se contrajo entre un 1 y un 2 % en 2023, según estimaciones oficiales, manteniéndose por debajo de los niveles prepandemia de 2019. La combinación de la COVID-19, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y políticas económicas y monetarias fallidas han agravado problemas estructurales de la economía cubana. Desde 2020, el país sufre escasez de productos básicos como alimentos, medicinas y combustible, frecuentes apagones, creciente dolarización, falta de efectivo y fuertes subidas de precios.
La inflación
El índice de precios al consumo (IPC) oficial superó el 77 % en 2021 y desde entonces ha oscilado mayormente entre el 30 y el 40 % interanual, mientras que los salarios estatales y las pensiones permanecen estables. Expertos independientes consideran que la inflación real es mucho mayor.
Déficit
El Gobierno prevé que el déficit entre gastos e ingresos en las cuentas públicas será del 18,5 % del PIB este año, lo que significará el quinto año consecutivo en números rojos para Cuba, tres de ellos con un déficit superior al 10 %. La monetización de gran parte de este déficit está alimentando la inflación.
Dependencia exterior
Cuba importa el 80 % de lo que consume. Sus principales exportaciones permanecen estables o decrecen, y la incertidumbre rodea sus principales fuentes de ingresos del exterior. El turismo internacional no se ha recuperado tras la COVID-19, las remesas están descendiendo y los servicios profesionales, principalmente las misiones médicas, están siendo cuestionados.
El Gobierno, que controla el comercio exterior y gran parte de la economía, enfrenta problemas de liquidez, lo que se traduce en recortes y retrasos en la canasta básica –los productos altamente subvencionados que se entregan mensualmente por la libreta de abastecimiento (cartilla de racionamiento)– e inestabilidad en el suministro de combustibles, lo que agrava la crisis energética.
Primer plan de ajuste
En diciembre pasado, el Gobierno cubano anunció un paquete de medidas que incluyó aumentos de más del 400 % en el precio minorista de los combustibles y subidas de hasta el 600 % en el transporte interprovincial. También se incrementaron los precios de servicios públicos como electricidad, gas y agua.
El plan también contemplaba la creación de un grupo de expertos para revisar el tipo de cambio –el dólar cotiza en el mercado informal a casi 15 veces su precio fijo en el formal– e incluso el fin de los subsidios universales a productos, dando paso a un sistema de ayudas a personas vulnerables. En ninguno de estos ámbitos se han anunciado avances.
Segundo plan de ajuste
El nuevo paquete de medidas, además de buscar aumentar la producción nacional y las exportaciones, incluye recortar partidas presupuestarias de este año, asignar recursos financieros mensualmente a partir de los ingresos reales, elevar los requisitos para la ejecución de gastos y centralizar su aprobación.
El Gobierno también ha anunciado la “posposición e incluso paralización” de inversiones que “no sean imprescindibles”, la restricción “al máximo posible” de los gastos corrientes y de capital del sector estatal y la “disminución de las transferencias de recursos al sector empresarial”.
De forma paralela, se han anunciado medidas que afectan a las pequeñas y medianas empresas privadas, como el tope máximo a seis productos básicos, la obligación de tener una cuenta bancaria empresarial diferenciada y la prohibición de realizar pagos en el exterior.
Estas medidas buscan enfrentar una situación económica crítica y reorientar los limitados recursos del país hacia las áreas más prioritarias.
