Nueva york, 31 de octubre.- El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) identificó cuatro mecanismos internacionales para impulsar la rendición de cuentas del régimen de Daniel Ortega por graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales. Las alternativas fueron expuestas en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.
Durante esa sesión, el Grupo presentó nuevamente el informe “Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, un documento que describe la intensificación de la persecución contra personas opositoras o consideradas críticas del régimen nicaragüense.
De acuerdo con información del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el experto del GHREN Reed Brody señaló que el organismo ha identificado a 56 personas sobre las que existen motivos razonables para considerar que habrían cometido graves abusos y crímenes internacionales. Entre ellas figuran altos funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad y operadores de justicia.
En ese contexto, planteó que la primera vía consiste en la presentación de demandas entre Estados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la privación arbitraria de nacionalidad. El informe recordó que cientos de nicaragüenses perdieron su nacionalidad por decisiones de las autoridades y que otras personas enfrentan una situación de apatridia de facto debido a la negativa estatal de emitir pasaportes u otros documentos.
La segunda opción contempla recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de carácter transfronterizo. Brody mencionó como ejemplo la deportación forzada de personas hacia países que son parte del Estatuto de Roma, tratado que creó ese tribunal.
El tercer mecanismo es la jurisdicción universal, que permite a tribunales de otros países investigar y juzgar determinados crímenes internacionales aunque no hayan ocurrido en su territorio. Según el comunicado, esa vía ya se aplica en Argentina en causas relacionadas con Nicaragua.
La cuarta alternativa apunta a ampliar las sanciones selectivas contra responsables de violaciones de derechos humanos. El GHREN propuso que esas medidas alcancen a personas ya identificadas por el Grupo que todavía no han sido objeto de restricciones internacionales.
En el diálogo ante la Tercera Comisión, representantes de Costa Rica, Chile, Georgia, Polonia, Uruguay, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Brasil, Panamá, la Orden Soberana de Malta y la Unión Europea expresaron preocupación por las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, el desmantelamiento institucional y las acciones contra nicaragüenses en el exilio.
Las delegaciones también reclamaron la liberación de las personas detenidas por razones políticas, medidas de protección para las víctimas y avances en materia de justicia.
El GHREN y el Colectivo 46/2, integrado por 23 organizaciones nicaragüenses, regionales e internacionales, organizaron además un evento paralelo con el patrocinio de la Misión Permanente de Chile ante Naciones Unidas. El embajador chileno Roberto Ampuero sostuvo que la respuesta internacional debe orientarse al restablecimiento de las instituciones democráticas, el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.
