Redacción, 31 de octubre.- En una nueva aparición, el vocero presidencial Miller Soto aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ya puso en marcha una reducción presupuestal superior a $267.000 millones, de los cuales cerca de $192.000 millones corresponden a ajustes en la Presidencia de la República y en entidades vinculadas al despacho.
Soto explicó que la decisión responde a una directriz del jefe de Estado, que insistió en la necesidad de disminuir gastos de funcionamiento, revisar la contratación y reducir la estructura burocrática. “El ajuste del Estado y el respeto sagrado por los recursos de los contribuyentes tiene que empezar por nuestra propia casa”, afirmó Soto.
En su declaración, el funcionario sostuvo que los recursos liberados por los recortes se destinarían a sectores como seguridad, atención a adultos mayores y zonas afectadas por emergencias. Con ello, empezarán a ajustarse el “cinturón” como parte de la restructuración que busca recaudar recursos para afrontar la crisis fiscal expuesta.
Según Soto, los recortes abarcaron gastos de funcionamiento e inversiones que el Gobierno consideró prescindibles, siendo la mayor parte la proveniente del despacho. “No nos tembló el pulso para ejecutar una reducción presupuestal gigantesca de más de $ 267.000 millones, tocando tanto el funcionamiento como la inversión inoficiosa”, señaló.
El ajuste también alcanzó a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, como las entidades reseñadas.
El vocero afirmó que la planta de personal de la Presidencia tiene una ocupación del 58%. Según sus cifras, de los 1.018 cargos contemplados, 586 están ocupados. “Estamos demostrando que no se necesita un ejército de burócratas para hacer que el Estado funcione”, dijo Soto, que aseguró que la administración busca priorizar perfiles técnicos.
El funcionario cuestionó que, en gobiernos anteriores, ciertos cargos se hubieran utilizado para favorecer intereses políticos. Con ello, sostuvo que la actual administración revisó la estructura de personal como parte de su política de austeridad y ajustó nombramientos que se habían efectuado en la administración de Gustavo Petro.
En efecto, Soto también informó que la Presidencia terminó 32 contratos de prestación de servicios, una medida que, según afirmó, representa un ahorro superior a $2.200 millones. “A partir de ahora, cada peso público que se gaste tiene que tener una justificación técnica, un propósito claro y, sobre todo, un resultado verificable”, indicó.
Así pues, el Ejecutivo precisó que la revisión contractual hace parte de un esquema de control del gasto que pretende limitar erogaciones sin sustento técnico o sin resultados medibles. “Los recursos del Estado no le pertenecen a los funcionarios de turno, le pertenecen a los colombianos”, agregó el vocero presidencial.
En su exposición, el Gobierno sostuvo que los recursos que no se destinen a gastos considerados innecesarios quedarían disponibles para otras prioridades estatales. Soto mencionó la seguridad, los programas para adultos mayores y la reconstrucción de zonas afectadas por desastres ocasionados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
