Lima, 31 Julio.- El Tribunal Constitucional de Perú anuló el proceso judicial y la condena contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien podrá recuperar su libertad tras quedar sin efecto la sentencia de 15 años de prisión que cumplía en el penal de Barbadillo.
La decisión fue adoptada luego de que el máximo tribunal peruano declarara fundada una demanda de habeas corpus presentada por Humala, al considerar que durante el proceso se vulneraron los principios de legalidad penal y tipicidad, relacionados con su derecho fundamental a la libertad personal.
El fallo ordena la nulidad de todo el procedimiento seguido contra el exmandatario y también alcanza a su esposa, Nadine Heredia, quien fue incluida en la investigación y actualmente se encuentra en Brasil tras solicitar asilo.
El caso estaba vinculado al escándalo Lava Jato
Humala había sido condenado por el presunto ingreso de aportes irregulares para sus campañas electorales de 2006 y 2011, provenientes, según la Fiscalía, de la constructora brasileña Odebrecht y del entonces Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.
La acusación sostenía que esos fondos debían ser considerados parte de una operación de lavado de activos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional concluyó que, al momento de los hechos investigados, la legislación peruana no contemplaba esos aportes electorales como una modalidad del delito atribuido.
Según la resolución, la imputación contra Humala desconoció el principio de legalidad debido a que los hechos no estaban claramente definidos como delito en la normativa vigente durante el período investigado.
La sentencia de 2025 queda sin efecto
El Tribunal Constitucional ordenó dejar sin efecto todas las actuaciones posteriores derivadas del proceso, incluida la sentencia penal emitida en 2025 que condenó al expresidente a 15 años de cárcel.
Ahora corresponde al órgano judicial competente determinar formalmente la situación jurídica de Humala una vez que sea notificado del fallo constitucional.
Con esta decisión, el exmandatario se convierte en el primer expresidente peruano condenado en el marco del caso Lava Jato que recupera la libertad por una resolución del sistema judicial.
Nuevo precedente en casos de financiamiento político
La resolución sigue una línea similar a la adoptada previamente en el caso de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, cuyo proceso por presunto lavado de activos relacionado con aportes electorales también fue archivado bajo el argumento de que dichos aportes no podían ser considerados como ese delito.
El fallo genera nuevamente debate en Perú sobre los límites de la persecución penal en casos de financiamiento de campañas políticas y sobre la interpretación de los delitos vinculados a corrupción y lavado de activos.
