Redacción, 16 de septiembre.- El Gobierno de Ecuador dispuso un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres municipios, junto con un toque de queda nocturno en cuatro provincias costeras que estará vigente entre el 17 y el 30 de septiembre. La medida, anunciada por el presidente Daniel Noboa, vuelve a poner el foco en las restricciones de circulación aplicadas en la región ante escenarios de violencia e inseguridad.
En el caso del Perú, el último toque de queda en sentido estricto, bajo la figura de inmovilización social obligatoria, se dictó en enero de 2023 para la región de Puno. La disposición se extendió durante varios días en medio de los enfrentamientos y las protestas sociales que siguieron a la crisis política de finales de 2022.
Aquella medida no respondió a un plan contra la delincuencia común o el crimen organizado. El Poder Ejecutivo la aplicó en el marco de los conflictos sociales que se registraron en el sur del país.
La última restricción obligatoria de libre tránsito en el Perú se estableció en enero de 2023, cuando el Gobierno decretó un toque de queda para Puno. La medida buscó responder a los enfrentamientos que se desarrollaban en esa región durante las protestas.
Antes de esa disposición, en diciembre de 2022, el Gobierno ya había impuesto restricciones nocturnas a la circulación en 15 provincias de regiones como Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac, Ica y La Libertad. Esas decisiones formaron parte de las medidas adoptadas tras el inicio de la crisis política y social de ese período.
El antecedente inmediato de una restricción de mayor alcance se remonta al 5 de abril de 2022. Ese día, el entonces presidente Pedro Castillo decretó un toque de queda de 22 horas para Lima Metropolitana y el Callao por los paros de transportistas.
La disposición de abril de 2022 impuso una inmovilización social obligatoria en Lima y el Callao. La medida fue uno de los últimos casos en que se restringió de forma directa la posibilidad de que las personas transitaran por las calles en esas jurisdicciones.
Desde 2023, el Gobierno peruano declaró diversos estados de emergencia para enfrentar hechos de inseguridad ciudadana y criminalidad en distintos puntos del país. Entre las zonas alcanzadas por esas medidas figuraron los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana.
Las posteriores ampliaciones de los estados de emergencia también incluyeron a Lima y el Callao. Sin embargo, estas disposiciones no establecieron un toque de queda tradicional ni una inmovilización social obligatoria para impedir la circulación de la población.
Actualmente, la capital se encuentra en estado de emergencia, pero las críticas de la población y expertos en seguridad se centran en que “no se ven resultados contundentes contra la criminalidad organizada”.
