Washington, 23 de junio.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes un nuevo paquete de sanciones contra cinco entidades estatales cubanas y una persona vinculada a la élite política del país, en el marco de la estrategia de presión de la Administración Trump contra el Gobierno de La Habana.
Según un comunicado oficial del Departamento de Estado, las medidas buscan “impulsar los esfuerzos integrales de la Administración Trump destinados a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”.
Entre las entidades sancionadas se encuentran tres compañías vinculadas al conglomerado militar empresarial GAESA: la financiera Rafin, el Banco Financiero Internacional (BFI) y la empresa logística Almacenes Universales, que opera también en el sector portuario.
Washington sostiene que estas instituciones “se dedican a mover dinero en nombre del régimen” y forman parte de la estructura económica que sostiene al aparato estatal cubano.
El paquete de sanciones también incluye a la Empresa Siderúrgica José Martí, principal productora de acero bruto en la isla, modernizada recientemente con apoyo de inversión extranjera, así como a GeoMinera, una compañía estatal dedicada a la explotación de recursos minerales metálicos no níquel.
Además, el Departamento de Estado designó a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro y exjefe de los servicios de inteligencia cubanos, ampliando así el alcance de las medidas hacia el entorno familiar de altos mandos del régimen.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el conglomerado GAESA “ha servido persistentemente como el principal vector para que las élites del régimen roben los escasos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje”.
Rubio advirtió además que cualquier entidad internacional que mantenga relaciones comerciales con las instituciones sancionadas “corre el riesgo de ser sancionada” y exigió a bancos y empresas extranjeras congelar de inmediato cualquier actividad vinculada.
Estas nuevas medidas se suman a sanciones previas contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros altos funcionarios del Gobierno, en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana.
La Administración Trump ha intensificado en los últimos meses su política de presión económica sobre la isla, ampliando restricciones sobre sectores estratégicos como energía, minería, defensa y servicios financieros, con el objetivo declarado de forzar cambios políticos y económicos en el país caribeño.
