Madrid, 21 de mayo.- La aerolínea Plus Ultra obtuvo un aplazamiento de su deuda con la Seguridad Social que, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ajustó a la normativa vigente y a los procedimientos habituales aplicados a otras compañías en situaciones similares, en el marco del análisis del rescate gestionado por la SEPI.
La información se conoce en un contexto de creciente controversia judicial, después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama cuestionara en un auto la pertinencia de las ayudas concedidas a la aerolínea durante la pandemia, al señalar que la empresa podría encontrarse en causa de disolución y no cumplir los requisitos exigidos para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
Este fondo, creado para sostener a compañías consideradas estratégicas durante la crisis del covid-19, exigía entre sus condiciones estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2019. En su solicitud, Plus Ultra presentó certificados que acreditaban su situación regular con la Administración, firmados por responsables técnicos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Sin embargo, un informe de un asesor externo de Deloitte, contratado por la propia SEPI, detectó posteriormente la existencia de una deuda previa con la Seguridad Social que ascendía a 451.954 euros, lo que ha alimentado las dudas sobre la información aportada durante el proceso de evaluación del rescate.
Desde el Ministerio de Inclusión, cuyo titular era entonces el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se ha insistido en que la gestión de aplazamientos corresponde a procedimientos técnicos de la TGSS, sin intervención política directa. Las mismas fuentes subrayan que estos mecanismos se aplican de forma habitual cuando las empresas acreditan dificultades temporales de liquidez y viabilidad de pago.
El propio Escrivá, según fuentes cercanas, niega haber mantenido conversaciones sobre el caso Plus Ultra o sobre su rescate, y sostiene que nunca participó en la concesión de aplazamientos ni en la emisión de certificados de estar al corriente de pago, al tratarse de actuaciones puramente administrativas.
En paralelo, el juez también recoge en su auto una reunión en 2020 entre el exministro y expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Escrivá, aunque el actual gobernador del Banco de España niega cualquier relación con la gestión del rescate o con decisiones vinculadas a la aerolínea.
Por su parte, el Gobierno ha defendido la legalidad del préstamo de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra, asegurando que la operación se realizó dentro de un marco reglado, sin discrecionalidad, y con la participación de técnicos de la SEPI y asesores externos independientes.
El Ejecutivo sostiene además que la ayuda contó con el aval de la Comisión Europea y fue sometida a múltiples controles administrativos, incluyendo informes técnicos, fiscalización del Tribunal de Cuentas y revisión de la Intervención General de la Administración del Estado, sin que se detectaran irregularidades.
La controversia sigue abierta mientras la investigación judicial avanza y el caso se mantiene como uno de los principales focos de tensión política en torno a la gestión de los fondos públicos durante la pandemia y el papel de las instituciones en el rescate de empresas estratégicas.
