La Paz, 21 de mayo.- La crisis política y social que atraviesa Bolivia se agravó este miércoles tras más de dos semanas de protestas, bloqueos y enfrentamientos, en un escenario que ya genera repercusiones diplomáticas regionales y moviliza a organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos.
El Gobierno del presidente Rodrigo Paz denunció ante la OEA un presunto intento de desestabilización institucional, mientras expulsó a la embajadora de Colombia en La Paz y recibió respaldo público de Estados Unidos y otros gobiernos de la región.
Las manifestaciones comenzaron hace 15 días impulsadas por reclamos salariales, escasez de combustibles, aumento del costo de vida y rechazo a varias reformas económicas del Ejecutivo, pero posteriormente derivaron en pedidos de renuncia contra Paz, quien asumió la presidencia hace apenas seis meses.
Los principales focos de protesta se concentran en La Paz y El Alto, donde sindicatos, organizaciones campesinas aimaras y sectores vinculados al expresidente Evo Morales mantienen bloqueos y movilizaciones permanentes.
Gobierno intenta contener la crisis
Ante el aumento de la tensión, Rodrigo Paz anunció un “reordenamiento” de su gabinete ministerial para hacerlo más cercano a las demandas sociales y comunicó la creación de un Consejo Económico y Social destinado a debatir las reformas impulsadas por su administración.
El mandatario también buscó desactivar tensiones con Argentina, después de que Evo Morales denunciara supuestos traslados de material represivo y militares argentinos hacia Bolivia, acusación que el Gobierno calificó de falsa.
Según Paz, los aviones argentinos participan únicamente en un operativo humanitario destinado a abastecer de alimentos e insumos básicos a La Paz y El Alto.
Escasez, violencia y temor social
La situación en la capital boliviana y sus alrededores continúa deteriorándose debido a los bloqueos, que han provocado desabastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno medicinal.
En los mercados populares, los precios de productos básicos se han duplicado o triplicado, mientras largas filas de ciudadanos buscan acceder a gasolina o alimentos esenciales.
El Gobierno habilitó un puente aéreo para intentar aliviar la crisis humanitaria, aunque reconoció que las dificultades logísticas persisten.
Las protestas también se radicalizaron tras la llegada a La Paz de una marcha de seguidores de Evo Morales procedente del altiplano. Durante los últimos días se registraron enfrentamientos, saqueos y ataques contra periodistas y ciudadanos, en lo que autoridades califican como la jornada más violenta desde el inicio del conflicto.
Choque diplomático con Colombia
La crisis también provocó un fuerte enfrentamiento diplomático entre Bolivia y Colombia.
El Gobierno boliviano expulsó a la embajadora colombiana Elizabeth García luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro calificara las protestas como una “insurrección popular” y denunciara que “hay un pueblo en las calles al que están matando”.
Tras la expulsión, Petro acusó al Ejecutivo boliviano de caer en “extremismos” y alertó sobre el riesgo de una “masacre” si no se abre un diálogo nacional.
Respaldo de Estados Unidos y la OEA
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio expresó el respaldo de Washington al Gobierno de Rodrigo Paz y afirmó que Estados Unidos “no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente”.
El vicesecretario estadounidense Christopher Landau fue aún más contundente al advertir sobre “un golpe de Estado en marcha”.
Durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, el canciller boliviano Fernando Aramayo denunció acciones orientadas a la “desestabilización institucional” y pidió atención internacional ante una situación que, según afirmó, amenaza el orden democrático y los derechos fundamentales.
Gobiernos como los de Uruguay y República Dominicana también expresaron preocupación por la crisis y llamaron a preservar la institucionalidad democrática y resolver el conflicto de forma pacífica.
