MIAMI, 21 mayo.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles los cargos criminales contra el exlíder cubano Raúl Castro Ruz por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996. El fiscal general interino Todd Blanche calificó el caso como la primera acusación formal en casi 70 años contra el liderazgo superior del régimen cubano por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses.
La acusación, presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida el 23 de abril pasado, no solo implica a Castro, sino también a cinco militares de la Fuerza Aérea de Cuba cuyos expedientes aparecen en la base de datos de represores del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), dirigido por el investigador Rolando Cartaya. El Departamento de Justicia señala a los seis acusados por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.
El caso de las avionetas de Hermanos al Rescate
Los hechos se remontan al 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG de la Defensa Anti‑Aérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (DAAFAR) derribaron dos avionetas desarmadas de la organización Hermanos al Rescate (BTTR) sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida, a unas 12 millas de la costa de La Habana. El ataque causó la muerte de cuatro personas:
- Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos estadounidenses de origen cubano,
- y Pablo Morales, residente legal en Estados Unidos, también cubano.
Sus cuerpos nunca fueron recuperados. El caso se sumó así a la larga lista de enfrentamientos entre el gobierno de Cuba y la comunidad de exiliados cubanos en Miami, y quedó grabado como uno de los episodios más violentos de la era posterior a la Guerra Fría.
Raúl Castro en la cúspide de la cadena de mando
Según el expediente federal, al momento del incidente, Raúl Castro, de 94 años, ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), por lo que se coloca en la cúspide de la cadena de mando militar de Cuba. La acusación señala que, tras distintos vuelos de Hermanos al Rescate sobre territorio cubano en enero de 1996, Castro autorizó el uso de la fuerza letal contra las aeronaves de la organización.
El documento judicial detalla que el entonces ministro de Defensa se reunió con altos mandos militares y les dio órdenes de “acción decisiva y letal” contra las aeronaves, lo que desencadenó el operativo del 24 de febrero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Departamento de Justicia señalan que los pilotos de Hermanos al Rescate no recibieron advertencias previas antes de ser derribados.
Los cinco militares implicados
Los cinco militares acusados junto a Raúl Castro son pilotos de la Fuerza Aérea de Cuba que participaron directamente en el operativo. El expediente detalla que, desde 1992 hasta abril de 1996, recibieron entrenamiento específico para localizar, seguir y atacar aeronaves civiles pequeñas y lentas, como las utilizadas por Hermanos al Rescate.
- Lorenzo Alberto Pérez‑Pérez: el piloto que disparó los misiles aire‑aire que destruyeron las avionetas con matrícula N2456S y N5485S sobre aguas internacionales del 24 de febrero de 1996, en dos descargas separadas y sin aviso.
- Emilio José Palacio Blanco: el “escolta” del ataque, que pilotó el MiG‑23ML que acompañaba a los MiG‑29 de los hermanos Pérez‑Pérez, asegurando la cobertura del operativo.
- José Fidel Gual Bárzaga y Raúl Simanca Cárdenas: el dúo de cazas que se preparó para destruir la tercera avioneta, la que llevaba a bordo al fundador de Hermanos al Rescate, José Basulto, junto a Silvia Iriondo y otros pasajeros, y que se salvó al entrar en el espacio aéreo estadounidense.
- Luis Raúl González‑Pardo Rodríguez: el único de los acusados que ya se encuentra en Estados Unidos, tras llegar en 2024 bajo una visa parole humanitaria, y que figura en el expediente como piloto de un MiG‑29 con la misma misión de ataque.
La acusación subraya que todos estaban entrenados, preparados y coordinados para ejecutar el operativo, con el consentimiento de la cúpula militar liderada por Raúl Castro.
Por qué la acusación llega ahora
Aunque el caso de las avionetas fue investigado desde finales de los años 90, Raúl Castro nunca había sido acusado formalmente hasta ahora. Durante décadas, distintas administraciones estadounidenses evitaron avanzar judicialmente contra una figura de tan alto nivel por las implicaciones diplomáticas que implicaba. La situación cambió en el marco de la política exterior endurecida impulsada por Donald Trump hacia Cuba, con el aumento de sanciones económicas, el fortalecimiento del respaldo al exilio en Miami y la presión sobre el régimen.
El anuncio se hizo en el Día de la Independencia Cubana (20 de mayo), efeméride muy relevante para la comunidad cubanoamericana, y en la Torre de la Libertad de Miami, un símbolo para los exiliados. El fiscal interino Blanche afirmó que espera que Castro “comparezca ante la justicia estadounidense, por su propia voluntad o por cualquier otra forma”, y anunció posibles penas de cadena perpetua por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, más hasta cinco años adicionales por destrucción de aeronaves, y pena de muerte o cárcel de por vida por cada uno de los cuatro cargos de asesinato.
Implicaciones para la comunidad hispana y la política exterior
Para la comunidad hispana, en especial la cubanoamericana de Miami, el caso simboliza varios frentes a la vez:
- Un reconocimiento simbólico de la lucha por la justicia de familiares de las víctimas.
- Un cambio de la estrategia estadounidense: avanzar judicialmente contra la cúpula del régimen, no solo con sanciones económicas.
- Un recordatorio de la polarización que sigue marcando la relación entre Cuba, Estados Unidos y la diáspora.
Más allá de la justicia individual, el caso de Raúl Castro y de los cinco militares abre un debate sobre la cuenta pendiente de la política de Estados Unidos hacia Cuba, el papel de la comunidad de exiliados y la posibilidad de que otros líderes o militares enfrenten cargos en el futuro. Mientras el régimen de La Habana sigue negando la responsabilidad directa de la cúpula, y reitera que las aeronaves “violaron su espacio aéreo”, la comunidad de exiliados celebra el hecho de que, por fin, se hayan presentado cargos contra quienes estaban al mando.
