Miami, 20 de mayo.- La acusación federal presentada por Estados Unidos contra el exdirigente cubano Raúl Castro sostiene que existió una operación estatal planificada que culminó en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un ataque en el que murieron cuatro personas.
El expediente, presentado ante la Corte del Distrito Sur de Florida, describe una presunta cadena de mando que habría involucrado a altos mandos del régimen cubano y que, según los fiscales, habría derivado en la autorización del uso de fuerza letal contra aeronaves civiles.
De acuerdo con la acusación, Raúl Castro —entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba— habría participado en una conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses mediante la interceptación y destrucción de avionetas en el espacio aéreo cercano a la isla.
Espionaje, infiltración y planificación previa
El documento judicial afirma que la operación no fue un hecho aislado, sino el resultado de meses de seguimiento e inteligencia por parte de los servicios cubanos, que habrían infiltrado agentes en organizaciones del exilio en Miami para monitorear los vuelos de Hermanos al Rescate.
Entre los infiltrados mencionados figuran supuestos miembros de la llamada “Red Avispa”, quienes habrían transmitido información sobre rutas, horarios y características de las aeronaves a las autoridades en La Habana.
Según los fiscales, esta red de espionaje habría permitido anticipar los movimientos de la organización y preparar una respuesta militar específica.
“Operación Escorpión” y la orden de derribo
La acusación identifica el plan como una operación de inteligencia denominada “Operación Escorpión”, cuyo objetivo habría sido neutralizar las actividades de Hermanos al Rescate, organización que realizaba vuelos sobre el Estrecho de Florida para localizar migrantes y denunciar al gobierno cubano.
El expediente sostiene que, tras esos vuelos, se habrían celebrado reuniones entre mandos militares cubanos en las que se autorizó una respuesta “decisiva y letal” contra las aeronaves civiles.
Según la fiscalía, los cazas MiG cubanos despegaron desde bases militares en la isla el 24 de febrero de 1996 y recibieron autorización para abrir fuego sobre los aviones que volaban en aguas internacionales.
El ataque del 24 de febrero de 1996
El documento reconstruye el momento del ataque, señalando que dos avionetas fueron derribadas por misiles aire-aire lanzados por la Fuerza Aérea cubana, provocando la muerte de cuatro pilotos desarmados.
Los fiscales subrayan que no hubo advertencias previas y que las aeronaves no representaban una amenaza militar, lo que refuerza la calificación del caso como homicidio premeditado y destrucción de aeronaves civiles.
Responsabilidad de la cadena de mando
Uno de los elementos centrales del expediente es la supuesta estructura jerárquica del Estado cubano en ese momento, en la que las decisiones militares estratégicas debían ser aprobadas por la cúpula del régimen.
Según la acusación, esa cadena de mando implicaba directamente a los máximos responsables políticos y militares, incluyendo a Raúl Castro y Fidel Castro, en la autorización de operaciones de carácter letal.
Para la fiscalía estadounidense, el caso demuestra una coordinación entre inteligencia, fuerzas armadas y agentes encubiertos con el objetivo de ejecutar una acción militar contra objetivos civiles.
Un caso que vuelve a tensar la relación bilateral
El expediente reabre uno de los episodios más sensibles en las relaciones entre Washington y La Habana, ocurrido hace casi tres décadas, y que durante años ha sido objeto de disputas diplomáticas y judiciales.
La acusación contra Raúl Castro representa uno de los pasos más significativos en la estrategia legal de Estados Unidos para atribuir responsabilidades directas a la antigua cúpula del gobierno cubano por aquel ataque.
