LA PAZ, 19 Mayo.— Bolivia atraviesa una de las mayores crisis sociales y políticas de los últimos años, con violentas protestas, bloqueos de carreteras y movilizaciones que mantienen prácticamente cercada a la capital administrativa del país y aumentan la presión sobre el presidente Rodrigo Paz, quien apenas cumple seis meses en el poder.
Las manifestaciones comenzaron hace más de un mes impulsadas por reclamos sindicales relacionados con aumentos salariales, reformas agrarias y problemas económicos, pero en las últimas semanas derivaron en un movimiento político más amplio que exige abiertamente la renuncia del mandatario boliviano.
La Paz bajo presión por bloqueos y protestas
Las protestas se concentran principalmente en La Paz y El Alto, donde organizaciones sociales, sindicatos y movimientos campesinos han instalado bloqueos permanentes y protagonizado enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Manifestantes afines al expresidente Evo Morales también se sumaron a las movilizaciones tras una marcha de 190 kilómetros hacia la sede de Gobierno. Los seguidores del exmandatario exigen el cese de procesos judiciales contra Morales y rechazan las propuestas de reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Las consignas contra Paz se han radicalizado en las calles con pedidos directos de renuncia y advertencias de una posible “guerra civil” si el Gobierno no cede ante las presiones sociales.
La COB y sindicatos elevan el conflicto
Uno de los principales actores de la crisis es la Central Obrera Boliviana (COB), que agrupa a sindicatos mineros, fabriles y otros gremios laborales históricamente influyentes en la política boliviana.
La organización exige incrementos salariales superiores al 20 %, la repatriación obligatoria de divisas de exportaciones y mayores medidas económicas a favor de los trabajadores.
El Gobierno logró acuerdos parciales con algunos sectores, como maestros urbanos y rurales, ofreciendo bonos, incremento presupuestario y mejoras laborales. Sin embargo, las protestas continúan debido a que otros grupos consideran insuficientes las medidas anunciadas por la administración de Paz.
Campesinos y movimientos indígenas lideran los bloqueos
La Federación de Campesinos Túpac Katari encabeza los bloqueos indefinidos instalados desde el pasado 6 de mayo en carreteras del altiplano boliviano. Sus dirigentes afirman que el Gobierno “ya no representa al pueblo” y exigen la salida inmediata del presidente.
También participan activamente los llamados Ponchos Rojos, uno de los movimientos indígenas aymaras con mayor capacidad de movilización en Bolivia, que mantiene protestas en El Alto y otras zonas cercanas a La Paz.
Los bloqueos han complicado seriamente el abastecimiento de combustible, alimentos y transporte público en distintas regiones del país.
Crisis por combustible y rechazo a reformas agrarias
Otro detonante del conflicto ha sido la distribución de gasolina de mala calidad, reconocida por el propio Gobierno, que habría provocado daños en miles de vehículos desde enero.
Transportistas y organizaciones vecinales han convertido este tema en una de las principales banderas de protesta, denunciando además supuesta falta de austeridad del Ejecutivo y privatización de recursos estratégicos.
A esto se suma el rechazo social a una controvertida ley agraria impulsada por el Gobierno, que permitía modificar la clasificación de propiedades rurales para facilitar su uso como garantía bancaria.
Aunque el Ejecutivo terminó derogando la norma tras semanas de presión social, el descontento ya se había expandido hacia otros sectores populares y sindicales.
Órdenes de captura y creciente tensión política
La crisis escaló aún más después de que la Fiscalía anunciara órdenes de captura contra dirigentes sindicales acusados de instigación pública y terrorismo.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, es uno de los líderes señalados por las autoridades bolivianas, mientras continúan los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales en el centro de La Paz.
Analistas políticos consideran que las protestas reflejan un profundo malestar de sectores populares que durante casi dos décadas mantuvieron estrechos vínculos con el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y que ahora se sienten excluidos del nuevo esquema de poder.
