Bogotá, 29 abr.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó este martes que 20 exintegrantes de las FARC son “máximos responsables” del reclutamiento y utilización de niños durante el conflicto armado en Colombia, por lo que los llamó a reconocer su participación en estos crímenes.
Según el tribunal, los imputados formaron parte de distintos bloques guerrilleros —entre ellos Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe, Magdalena Medio y el Comando Conjunto Central— y desempeñaron roles clave en la captación de menores, ya sea ejerciendo mando o participando directamente en estas prácticas.
La decisión se enmarca en el Caso 07 de la JEP, centrado en el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, que documenta un total de 11.052 víctimas. De ellas, 9.027 pertenecen a comunidades étnico-raciales y 2.025 son víctimas individuales.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, subrayó que el fenómeno afectó de manera desproporcionada a poblaciones históricamente vulnerables. “Los pueblos indígenas y afrocolombianos no solo perdieron a sus niños, sino que también vieron afectadas sus estructuras sociales y culturales”, afirmó.
Dos caminos judiciales para los imputados
La magistrada Lily Rueda explicó que los acusados podrán optar por reconocer su responsabilidad y someterse a un proceso restaurativo —que no implica prisión— o, en caso contrario, enfrentar un proceso adversarial que podría derivar en penas de hasta 20 años de cárcel.
Reclutamiento sistemático y mayoritariamente forzado
La investigación de la JEP concluyó que el 64 % de los casos correspondieron a reclutamiento forzado, mientras que el 22 % se produjo mediante engaño y el 13 % por persuasión. El tribunal enfatizó que no se trató de hechos aislados, sino de una práctica sistemática que se intensificó entre 1996 y 2016.
“Detrás de cada cifra hay una vida interrumpida y una infancia arrebatada”, señaló Ramelli, quien calificó la decisión como un paso fundamental hacia la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Avances en justicia transicional
La investigación, iniciada en 2019, forma parte de los 11 macrocasos abiertos por la JEP, creada tras el acuerdo de paz de 2016 para esclarecer crímenes de guerra y de lesa humanidad en el conflicto colombiano.
El proceso busca no solo establecer responsabilidades, sino también promover mecanismos de reparación y reconciliación, en un contexto donde las víctimas siguen exigiendo reconocimiento y garantías de no repetición.
