San Salvador, 27 mar.- El Congreso de El Salvador ratificó este jueves una reforma constitucional impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que habilita la cadena perpetua para los delitos de homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas.
La reforma recibió 58 votos del partido gobernante Nuevas Ideas, sus aliados y un voto opositor del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), mientras que otra diputada de oposición votó en contra.
En la misma jornada, el Congreso prorrogó por cuadragésima novena vez el régimen de excepción, que cumple cuatro años el 27 de marzo y mantiene suspendidas garantías constitucionales relacionadas con el derecho de defensa, el plazo máximo de detención administrativa y la privacidad de las telecomunicaciones.
El oficialismo defendió la medida como una forma de prevención frente a delitos graves. “Es para que el ciudadano entienda que ante un delito extremo existen también penas extremas”, señaló el legislador oficialista Raúl Chamagua. Por su parte, la dirigente del partido Vamos, Cesia Rivas, criticó la reforma por el riesgo de que personas inocentes sean sancionadas: “Si no existieran denuncias graves sobre abusos y detenciones sin pruebas, podríamos decir que sí, sin dudarlo”, afirmó.
Esta reforma forma parte de un conjunto de modificaciones constitucionales promovidas por Bukele, que han generado críticas por presuntamente debilitar el sistema de pesos y contrapesos y socavar la democracia en el país. En julio de 2025, el gobierno aprobó otra reforma que eliminó los límites al mandato presidencial, allanando el camino para que Bukele permanezca en el poder indefinidamente.
La medida se enmarca dentro de la guerra contra las pandillas que el presidente salvadoreño inició en marzo de 2022 mediante la declaración del estado de emergencia, que ha sido prorrogado de manera consecutiva durante casi cuatro años. Bajo este régimen, alrededor de 91.650 personas han sido detenidas, de las cuales Bukele asegura que 8.000 inocentes fueron liberados.
Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de detenciones arbitrarias, e incluso presentaron denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando que la mayoría de los encarcelados fueron arrestados sin justificación legal. El presidente Bukele ha rechazado estas acusaciones y defendido la legalidad de sus medidas.
