LIMA, 26 mar.- La propuesta de retirar a Perú del Pacto de San José para permitir la pena de muerte y el uso de “jueces sin rostro” se convirtió en uno de los ejes centrales del debate presidencial, en medio de crecientes preocupaciones por la inseguridad ciudadana.
Diversos candidatos han planteado medidas extremas para enfrentar el auge del crimen organizado, marcado por extorsiones y amenazas de muerte, lo que ha llevado a analistas a calificar estas iniciativas como “populismo penal”.
Entre quienes impulsan estas propuestas destacan el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y la candidata Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori. Ambos han planteado la posibilidad de abandonar el sistema interamericano de derechos humanos, una decisión adoptada previamente por países como Venezuela y Nicaragua.
López Aliaga aseguró que retirará al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar la pena de muerte y restablecer tribunales con jueces encubiertos. También propuso cárceles extremas, sin servicios básicos, como parte de su estrategia de seguridad.
Por su parte, Fujimori se mostró favorable a salir del sistema interamericano, aunque descartó la pena capital, planteando en cambio el regreso de los jueces sin rostro y medidas como obligar a los presos a trabajar por su manutención.
El candidato derechista Álvaro Paz de la Barra fue más allá, al proponer un estado de excepción nacional con suspensión de derechos fundamentales, mientras que otros aspirantes defendieron incluso la cadena perpetua sin debido proceso.
Sin embargo, voces críticas dentro del propio debate, como el abogado Ronald Atencio, rechazaron estas iniciativas y defendieron combatir el crimen dentro del Estado de derecho.
Otros candidatos más moderados, como Marisol Pérez Tello, Jorge Nieto y Alfonso López Chau, propusieron fortalecer la inteligencia policial, crear fiscalías especializadas y reformar la Policía Nacional, en lugar de adoptar medidas radicales.
Expertos advierten que propuestas como la pena de muerte o la salida del Pacto de San José no son viables a corto plazo, ya que requerirían reformas constitucionales complejas y prolongadas .
Más de 27 millones de peruanos están convocados a votar el próximo 12 de abril, en unas elecciones marcadas por la fragmentación política y la crisis institucional, tras una década en la que el país ha tenido múltiples cambios presidenciales.
