Quito, 9 Oct.- Una jueza ecuatoriana declaró este miércoles ilegal la detención de cinco personas por su presunta participación en el ataque con piedras al vehículo del presidente Daniel Noboa, ocurrido el martes en la provincia andina de Cañar, lo que el Gobierno había calificado como un “intento de asesinato”.
La decisión judicial se basó en la violación del debido proceso, la incomunicación de los detenidos y la falta de lectura de derechos, informó el abogado y líder indígena Yaku Pérez en redes sociales. Pérez destacó que los cinco arrestados —Franklin Pichazaca, Jaime Guaman, José Guaman, María Chimbo y Luis Yupa— no habían recibido una adecuada notificación de sus derechos y que, tras la decisión de la jueza, la Fiscalía no pudo formular cargos. Pérez calificó los arrestos como un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado y señaló que los implicados son defensores de derechos y artistas, no terroristas.
El ministro del Interior, John Reimberg, reaccionó duramente a la resolución judicial, calificándola como una “traición al país” y criticando al sistema judicial por liberar a los detenidos. Reimberg afirmó que el Gobierno había identificado a los implicados a partir de videos del ataque y responsabilizó a dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), como el actual presidente Marlon Vargas y su predecesor Leonidas Iza, de estar detrás de la acción.
El ataque ocurrió cuando un grupo de indígenas bloqueaba la carretera y apedreó la caravana presidencial, causando daños en los vehículos, con vidrios rotos y abolladuras. Aunque la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, denunció impactos de bala al automóvil, esto no pudo ser probado posteriormente.
Ecuador enfrenta 17 días de protestas lideradas por la Conaie, inicialmente contra la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio del galón de 1,80 a más de 2,80 dólares. La movilización ahora incluye demandas más amplias: reducción del IVA hasta el 12 %, mejoras en salud y educación, y rechazo al referéndum previsto para el 16 de noviembre sobre la posible instalación de una Asamblea Constituyente.
Hasta la fecha, las manifestaciones han dejado un fallecido, más de un centenar de heridos y alrededor de 100 personas detenidas, incluidos los imputados por terrorismo que permanecen en prisión provisional. Este movimiento indígena ya protagonizó protestas masivas en 2019 y 2022, logrando que los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso revirtieran la eliminación de subsidios al combustible, medidas impulsadas bajo requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
