Madrid, 10 Oct.- El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, afirmó este viernes que la Comunidad de Madrid tiene «el derecho a decidir si se debe o no crear» el registro de objetores de conciencia al aborto y consideró que «no hay que crearlo», porque a su juicio «no aporta absolutamente nada».
Durante la presentación de la Memoria anual de Transparencia de la Comunidad de Madrid, García Martín explicó que cada administración puede organizarse como considere y que el aborto sigue siendo una práctica garantizada legalmente, recordando que en España se realizaron 106.000 interrupciones voluntarias del embarazo en 2024.
Respecto al protocolo aprobado por unanimidad en diciembre por el Consejo Interterritorial de Sanidad para la creación del registro, García Martín señaló que dichos acuerdos se desarrollan «dentro de cada comunidad autónoma», correspondiendo a Madrid decidir sobre su implementación.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya había advertido en el Pleno de la Asamblea que «nunca, nunca» hará una «lista negra» de médicos y añadió: «¿Les parece poco?; pues váyanse a otro lado a abortar».
Por su parte, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, negó que exista un conflicto entre el partido y Ayuso, asegurando que la presidenta «ha cumplido siempre escrupulosamente con la ley y no va a dejar de hacerlo».
De los Santos defendió que cualquier mujer en España puede abortar «conforme a la ley», avalada por el Tribunal Constitucional, y criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ejercer una presión que comparó con la de un partido de extrema derecha, al señalar a las mujeres que ejercen su derecho a la interrupción del embarazo.
Asimismo, De los Santos destacó los «resultados extraordinarios» del PP en la Comunidad de Madrid, tanto en la Asamblea como en los ayuntamientos, y aseguró que Feijóo «no puede estar sino satisfecho con lo que significa el PP madrileño».
La polémica sobre el registro de objetores de conciencia abre un nuevo frente entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, en un contexto donde la protección de los derechos reproductivos y la autonomía de las comunidades autónomas sigue generando debate político.
