Ottawa, 23 de septiembre.- SANTA MARTA, Colombia (AP) — Tropas patrullaban el miércoles las calles inusualmente vacías de la ciudad turística caribeña de Santa Marta en Colombia, mientras el presidente Abelardo de la Espriella intentaba restablecer el orden un día después de un estallido de violencia atribuido a una banda de narcotraficantes.
Los residentes de un barrio de clase trabajadora en el noreste de la ciudad hicieron fila frente a los pocos supermercados que permanecían abiertos mientras policías armados con rifles montaban guardia.
“Nos levantamos esta mañana con miedo de salir a ver cuál era la situación, pero hay que salir a abastecerse”, dijo el taxista Antonio Ochoa.
El martes, pirómanos prendieron fuego al menos a tres vehículos, entre ellos un taxi y un autobús público, y hombres armados amenazaron a comerciantes a plena luz del día, sumiendo a la ciudad en el miedo. De la Espriella culpó a las Autodefensas de Sierra Nevada y ordenó el envío de tropas a la ciudad en respuesta.
El presidente dijo que el grupo planeaba “prender fuego” a partes de la región del Caribe en represalia por una operación militar que mató a José Pérez Villanueva, conocido como “Cholo” e identificado por el gobierno como el segundo al mando del grupo.
“Juro por Colombia y por mi vida que los acabaré”, advirtió de la Espriella el martes por la noche desde Santa Marta, vestido con un chaleco antibalas mientras recorría la ciudad en un vehículo blindado. “No dejaré piedra sin remover hasta encontrarlos… y si no se rinden, los enviaré al infierno en una bolsa para cadáveres”.
De la Espriella asumió el cargo el mes pasado después de prometer empuñar “mano de hierro” contra los grupos armados ilegales. Su despliegue de tropas en Santa Marta, una ciudad de aproximadamente 480.000 habitantes, es el primero de su administración.
El presidente también suspendió todas las conversaciones de paz con grupos armados iniciadas por su predecesor progresista, Gustavo Petro. Entre ellas se incluyeron negociaciones con fuerzas de autodefensa como la de Sierra Nevada, que surgieron tras la desmovilización de grupos paramilitares a principios de la década de 2000.
Según la policía, el grupo opera en los departamentos de Magdalena -donde se encuentra Santa Marta-, La Guajira y Cesar, y ha estado implicado en delitos como narcotráfico y extorsión.
La gobernadora de Magdalena, María Margarita Guerra, recorrió el mercado público el miércoles donde todos los puestos de verduras, frutas y carnes estaban cerrados. Ella y su equipo repartieron folletos que decían “La extorsión no paga” y alentaron a los vendedores a reabrir.
