Redaccion, 5 de septiembre.- Organizaciones de la sociedad civil en Nuevo León acusan que la falta de presupuesto desde 2025 mantiene pendientes recursos comprometidos y amenaza servicios dirigidos a comunidades indígenas, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, según denunciaron un total de 55 asociaciones, quienes pidieron al Gobierno estatal concluir los pagos y publicar los resultados de las convocatorias de 2026.
De acuerdo con un comunicado del Consejo Cívico, las organizaciones se reunieron el pasado 4 de septiembre en Monterrey, un mes después de una primera rueda de prensa en la que solicitaron regularizar los recursos de 2025 y dar certeza sobre los fondos de este año.
El colectivo sostuvo que la incertidumbre no se limita a pagos atrasados. También señala que los resultados de las convocatorias de 2026 permanecen sin publicarse, pese a que las organizaciones requieren planear sus programas, contratar personal y sostener la atención cotidiana a las comunidades.
Tatiana Fraga, directora de Consejo Cívico, presentó una línea del tiempo sobre el Programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. La cronología registra convocatorias suspendidas, recursos anunciados y entregados de forma parcial, pagos pendientes y espacios de diálogo institucional que dejaron de sesionar con regularidad.
Consejo Cívico comenzó el seguimiento en octubre de 2025, cuando realizó llamadas a organizaciones para conocer el estado de los apoyos. El diagnóstico identificó que los recursos comprometidos no habían llegado de manera completa a las asociaciones beneficiarias.
Las asociaciones participantes plantean que el conflicto no corresponde a una solicitud de apoyos nuevos. Sostienen que existen compromisos previos que el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, de cumplir conforme a la legislación y las reglas aplicables.
Hugo Ramírez, director de recaudación de fondos y relaciones públicas de Nuevo Amanecer, expuso que el retraso afecta la capacidad operativa de la institución, dedicada a atender a niñas, niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral, así como a sus familias.
“Al final del día, es el 30% de darle servicios, en el caso de Nuevo Amanecer, a niños y niñas con parálisis cerebral, que son de Nuevo León”, dijo Ramírez durante el encuentro, según el boletín de Consejo Cívico.
El representante de la organización sostuvo que el caso debe entenderse como una exigencia de derechos. “Tenemos que pensar en lo colectivo, no podemos permitir que este sea el primer año donde se quede esta situación en donde gobierno diga: ‘Pues no, no se va a poder otorgar un derecho’”, señaló.
Las organizaciones reunidas señalaron que han mantenido sus actividades y el acompañamiento a sus comunidades mientras esperan los recursos. El retraso, afirmaron, obliga a enfrentar gastos de operación sin certeza sobre las fechas de pago.
