San Salvador, 5 de septiembre.- El Gobierno de El Salvador pidió a la Asamblea Legislativa modificar la Ley de Presupuesto de 2026 para distribuir USD 97 millones que permanecían disponibles de dos emisiones de deuda en títulos valores de crédito.
La iniciativa, presentada el 1 de septiembre por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, plantea reforzar varias partidas.
El proyecto sostiene que las asignaciones permitirán atender obligaciones “prioritarias e ineludibles” durante el segundo semestre de 2026.
Faltará que la solicitud sea revisada por la comisión legislativa de Hacienda y Especial del presupuesto, convocada para sesionar este lunes 7 por la mañana.
El ramo de Seguridad Pública y Justicia recibiría USD 31.189.835, el mayor monto contemplado en la reforma. De esa cifra, USD 30 millones se destinarían al proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad.
El documento señala que esa partida busca garantizar una gestión eficiente en los centros penales y el cumplimiento de condiciones mínimas de detención. No ofrece un desglose adicional sobre obras, programas o adquisiciones que financiaría ese monto.
Los USD 1.189.835 restantes pasarían al Registro Nacional de las Personas Naturales, con el propósito de cubrir la emisión gratuita del Documento Único de Identidad para personas de bajos recursos.
La propuesta también asigna USD 19 millones al ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial. De ese total, USD 9 millones reforzarían la capacidad institucional de la cartera y USD 10 millones serían transferidos a la Dirección de Integración. Según la iniciativa, esos fondos cubrirían transporte, alimentación, procesos formativos y la entrega de becas en el Programa de Florecimiento Salvadoreño.
El ramo de Agricultura y Ganadería tendría la segunda mayor asignación, con USD 37 millones. La iniciativa establece que el dinero se orientaría al fortalecimiento de telecentros destinados a productores agropecuarios, además de gastos logísticos y operativos del ministerio.
El texto no especifica cuántos telecentros se crearían o ampliarían, ni en qué zonas del país se ejecutarían las inversiones. Tampoco detalla la proporción de recursos que se destinaría a equipos, conectividad, asistencia técnica o funcionamiento administrativo. Faltará una exposición de la medida de parte de los representantes de Hacienda.
