Caracas, 5 de septiembre.- El desmonte que el presidente Abelardo de la Espriella emprendió sobre la política de paz total de Petro dejó al descubierto un costo de $125.174 millones ejecutados entre agosto de 2022 y junio de 2026, sin acuerdos de paz finales ni desmantelamiento efectivo de las estructuras armadas con las que el Estado abrió negociaciones y conversaciones.
Según El Tiempo, la cifra surge de un consolidado del Grupo de Planeación y Finanzas de la Consejería Comisionada de Paz, con corte al 30 de junio de 2026, elaborado a partir de contratos y convenios del Fondo Paz y de la información del Sistema Integrado de Información Financiera. El diario obtuvo ese documento mediante un derecho de petición.
De ese total, $107.572 millones se destinaron a negociaciones con grupos armados al margen de la ley y $17.601 millones a acercamientos con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, conocidas como bandas urbanas. Al cierre de esos cuatro años, los grupos ilegales no solo seguían activos, sino que habían aumentado su número de integrantes.
La parte más costosa de las negociaciones políticas fue la relacionada con seguridad y movilidad. En los procesos con grupos armados, el transporte aéreo absorbió $21.979 millones y las medidas de protección otros $21.200 millones.
Ambos rubros sumaron cerca de $43.180 millones, alrededor del 40% de todo lo ejecutado en esa línea de negociación. A eso se añadieron $1.884 millones en tiquetes aéreos y $1.735 millones en viáticos y gastos de desplazamiento.
Hubo también traslados internacionales. El proceso con el Ejército de Liberación Nacional incluyó al menos dos viajes a La Habana, dos a Ciudad de México y tres a Caracas, ciudades que albergaron distintas rondas de diálogo.
La estructura formal de esa apuesta incluyó seis procesos de negociación: con el Eln, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, y más tarde con tres desprendimientos de esas organizaciones. Esos grupos fueron Comuneros del Sur, el Estado Mayor de Bloques y Frente y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
La fragmentación interna de las organizaciones armadas y sus disputas por economías ilícitas alteraron el mapa original de las conversaciones. Varios de los jefes que participaron en esos acercamientos volvieron a quedar bajo la justicia en el nuevo gobierno, que reactivó órdenes de captura en su contra y prevé extradiciones a Estados Unidos.
A honorarios se destinaron $18.378 millones. La logística para las negociaciones costó $12.712 millones y la participación de la sociedad civil, $12.146 millones.
El Comité Nacional de Participación ejecutó $9.164 millones. El mecanismo de monitoreo y verificación requirió $3.245 millones.
