Lima, 3 de septiembre.- El personero legal de Renovación Popular, Fernando Sandoval, solicitó la recusación del magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Gunther Gonzáles Barrón, para que no intervenga ni vote en la apelación donde se decidirá si Rafael López Aliaga continúa como candidato a teniente alcalde de Lima.
A través de un escrito, el personero del partido de López Aliaga argumenta que su pedido de recusación no se basa únicamente en el hecho de que Gonzáles Barrón se mostró en contra de que se admita la candidatura del excandidato presidencial, que en ese momento tenía la condición de senador elector. Sino, dijo el abogado de Renovación Popular, también se fundamenta en “las manifestaciones y publicaciones efectuadas posteriormente por el magistrado en redes sociales, vinculadas con la referida candidatura, la controversia electoral y la posición jurídica que previamente sostuvo”.
La defensa del partido celeste sostiene que no se busca poner en duda la imparcialidad del magistrado del JNE por una decisión previa, sino que se busca poner en consideración del Pleno del tribunal “circunstancias objetivas y verificables que pueden generar una duda razonable sobre la apariencia de imparcialidad que debe preservar todo órgano jurisdiccional”.
“Especialmente cuando debe pronunciarse nuevamente sobre una controversia directamente relacionada con una candidatura respecto de la cual ya ha exteriorizado previamente una posición y posteriormente ha efectuado manifestaciones públicas vinculadas con ella”, se lee en el documento al que accedió Infobae.
Gunther Gonzales Barrón es hasta el momento el único magistrado del Pleno del JNE que se ha pronunciado en contra de la llamada “reelección encubierta” de alcaldes que postulan como primeros regidores.
En la Resolución 3153-2026-JNE, el Pleno del JNE resolvió por mayoría que no existe reelección encubierta cuando un alcalde en funciones postula como primer regidor de la misma jurisdicción, incluso si el candidato a alcalde de su lista queda fuera de carrera. Así se resolvió el caso de Percy Villanera Figueroa, actual alcalde del distrito de Ponto que postula como primer regidor por Somos Perú.
La controversia surgió porque Aurelio Flumencio Morales Verde, quien encabezaba la lista como candidato a alcalde, fue declarado improcedente por el Jurado Electoral Especial de Huari al no subsanar documentos observados durante la inscripción, lo que dejó a Villanera Figueroa en condiciones de asumir nuevamente la alcaldía si su organización gana los comicios.
El JEE de Huari había declarado improcedente una tacha contra su candidatura, y el Pleno del JNE confirmó esa decisión al considerar que no existe identidad entre el cargo que Villanera Figueroa ejerce (alcalde) y aquel al que postula (regidor), y que extender la prohibición constitucional a ese supuesto implicaría crear una restricción a la participación política no prevista por la ley.
Gonzales Barrón fue el único voto singular (en minoría), al considerar que la prohibición constitucional de reelección alcanza también los mecanismos indirectos que busquen eludirla, y que el caso de Villanera Figueroa encajaba en esa hipótesis. En su voto, sostuvo que la Constitución “no protege la trapacería” y advirtió que, de mantenerse ese criterio, un alcalde podría perpetuarse en el cargo mientras un candidato “testaferro” renuncia en cada proceso electoral.
