Brasilia, 3 de septiembre.- La presión sobre el juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes aumentó en las últimas horas con nuevas peticiones para que renuncie y el compromiso del presidente de la corte de analizar su sospechosa relación con un banquero preso por fraude.
Sin citar a De Moraes, el jefe del Supremo Luiz Edson Fachin anunció en una nota que estudiará los indicios contra el magistrado a fin de tomar “las medidas necesarias” con “serenidad, responsabilidad y firmeza”.
De Moraes se ha visto salpicado por las investigaciones en curso contra Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, entidad liquidada extrajudicialmente por el Banco Central de Brasil en noviembre de 2025 por fraudes millonarios en el sistema financiero.
El caso ha levantado sospechas sobre altos representantes de los tres poderes, desde jueces del Supremo hasta funcionarios del Banco Central y dirigentes políticos de diversas ideologías.
Pero escaló de gravedad este martes, cuando el juez del Supremo André Mendonça, encargado del proceso, levantó el secreto de sumario, e hizo públicas las averiguaciones preliminares de la Policía, basadas en el celular de Vorcaro, actualmente en prisión preventiva.
Se destaparon así mensajes comprometedores enviados supuestamente a De Moraes, así como negocios millonarios, reuniones y el ofrecimiento de experiencias de lujo para él y su familia.
El escándalo ha generado un terremoto político a un mes de las elecciones presidenciales, regionales y legislativas del 4 de octubre.
La presión mediática también ha crecido. Estado y Folha de São Paulo, dos de los diarios más influyentes, exigieron en sus editoriales la renuncia de De Moraes, conocido mundialmente por supervisar la causa que llevó a prisión al ex presidente Jair Bolsonaro por golpismo.
“Ya no hay lugar en el Supremo para Alexandre de Moraes. Si el magistrado no renuncia, corresponderá al Senado, mediante un proceso de destitución, librar al tribunal de esta carga”, afirmó Folha de São Paulo.
“Un investigado por fraudes multimillonarios buscaba en un magistrado información, orientación e intervención sobre actuaciones de la Policía Federal y de la Fiscalía General, mientras su banco pagaba sumas exorbitantes al despacho de abogados de su familia, un contrato que lleva la firma del propio Moraes”, resumió Estado de S. Paulo.
