Washington, 30 de junio de 2026.- La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunciará este martes sobre si permite al presidente Donald Trump restringir la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense, en un caso de enorme impacto constitucional que podría redefinir uno de los principios más consolidados del sistema legal del país: el derecho automático a la ciudadanía para los nacidos en suelo estadounidense.
El asunto se centra en un decreto impulsado por Trump en su regreso a la presidencia, mediante el cual ordenó a las agencias federales no reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos si ninguno de sus progenitores es ciudadano estadounidense o residente permanente legal. La medida ha sido bloqueada por tribunales inferiores, que consideraron que entra en conflicto con la interpretación tradicional de la 14.ª Enmienda de la Constitución.
El debate jurídico gira en torno a la llamada “Cláusula de Ciudadanía”, que establece que toda persona nacida en Estados Unidos y “sujeta a su jurisdicción” es automáticamente ciudadana. Durante más de un siglo, esta disposición ha sido interpretada como garantía de ciudadanía casi universal para los nacidos en el país, con excepciones muy limitadas como hijos de diplomáticos extranjeros o fuerzas de ocupación.
La administración Trump sostiene, sin embargo, que la expresión “sujeta a su jurisdicción” excluye a los hijos de inmigrantes en situación irregular o incluso a quienes se encuentran legalmente en el país con visados temporales, como estudiantes o trabajadores. Según esta interpretación, la ciudadanía debería depender de la “lealtad principal” hacia Estados Unidos, vinculada al estatus migratorio de los padres.
El caso llega a su desenlace en el último día de resoluciones del actual periodo de sesiones del alto tribunal, que comenzó en octubre. La decisión se produce además en un contexto político altamente sensible, en vísperas de la celebración del 4 de julio, fecha clave en la historia del país.
Diversos analistas advierten de que el fallo podría afectar potencialmente a decenas de miles de nacimientos cada año y generar una cascada de litigios sobre la ciudadanía de millones de personas si se altera la interpretación vigente.
El caso que examina la Corte Suprema se originó en una demanda colectiva presentada en Nuevo Hampshire por familias que consideran que el decreto vulnera derechos constitucionales básicos. Los tribunales inferiores ya habían bloqueado su aplicación de forma cautelar, a la espera de una decisión definitiva del máximo órgano judicial.
La Corte, actualmente con mayoría conservadora de 6 a 3, ya ha abordado el caso en audiencias previas, donde los magistrados cuestionaron tanto la amplitud del decreto como su encaje constitucional.
La resolución final marcará un punto de inflexión en el debate sobre inmigración y ciudadanía en Estados Unidos, en un momento de fuerte polarización política y con la política migratoria como uno de los ejes centrales de la agenda presidencial.
