Madrid, 22 de junio de 2026.- El Tribunal Supremo de España condenó este domingo al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por su implicación en una trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19 y por la contratación irregular de personas vinculadas a su entorno en empresas públicas.
La sentencia, adoptada por unanimidad por los siete magistrados que integraron el tribunal, también impone una pena de 19 años de cárcel a su exasesor Koldo García, mientras que el empresario Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio de prisión. Sin embargo, este último evitará ingresar en prisión gracias a su colaboración con la Justicia, siempre que no reincida y cumpla un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
Según la resolución judicial, los tres condenados integraron una organización criminal que aprovechó la posición de poder de Ábalos dentro del Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para favorecer contratos públicos a cambio de beneficios económicos.
Los magistrados consideran probado que la trama intervino en la adjudicación de contratos para la compra de más de 13 millones de mascarillas a una empresa vinculada a Aldama durante los momentos más críticos de la pandemia. Asimismo, la sentencia acredita el pago de cantidades periódicas a Ábalos y la contratación irregular de varias mujeres relacionadas con el exministro en entidades públicas.
La investigación también concluyó que existieron operaciones inmobiliarias presuntamente destinadas a compensar favores políticos y gestiones relacionadas con intereses empresariales, incluyendo alquileres con opción de compra y otras ventajas patrimoniales.
Durante el juicio, tanto Ábalos como Koldo García defendieron su inocencia y solicitaron la absolución. Por el contrario, Aldama reconoció parcialmente su participación en algunos de los delitos investigados y colaboró con la Fiscalía, circunstancia que fue valorada por el tribunal para reducir el impacto de su condena.
En su extensa resolución, el Supremo destacó que el daño provocado por la corrupción va mucho más allá del perjuicio económico. Los magistrados subrayaron que este tipo de conductas erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y debilitan la credibilidad del sistema político.
“El efecto más grave de la corrupción es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema democrático”, señala la sentencia, que advierte sobre las consecuencias de utilizar cargos públicos para obtener beneficios privados.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado penas de hasta 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Víctor de Aldama. Por su parte, las acusaciones populares reclamaban condenas aún más elevadas.
Respecto al cumplimiento efectivo de las penas, el tribunal fijó un máximo de 16 años y medio para Ábalos y de 15 años para Koldo García. En el caso de Aldama, la ejecución de la condena quedó suspendida bajo estrictas condiciones de supervisión judicial.
La sentencia representa uno de los mayores casos de corrupción política juzgados en España en los últimos años y marca un nuevo capítulo en el denominado caso mascarillas, una investigación que ha sacudido el panorama político nacional desde que salieron a la luz las primeras acusaciones relacionadas con contratos de emergencia durante la pandemia.
