La Habana, 12 junio.- El Gobierno de Cuba acusó este jueves al secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio de intensificar el bloqueo económico y energético contra la isla, tras la decisión de Washington de sancionar a la empresa estatal Cupet.
El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, reaccionó en redes sociales calificando las medidas estadounidenses como parte de una estrategia de “cerco económico y energético”, acompañada —según dijo— de “mentiras usuales y vulgares” por parte del alto funcionario estadounidense.
Las sanciones fueron impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que incluyó a Cupet en su lista de entidades restringidas, bajo el argumento de que ciertos activos vinculados a la empresa habrían sido “expropiados ilegalmente” a propietarios estadounidenses.
Desde Washington, Rubio defendió las medidas y acusó al Gobierno cubano de utilizar el sector energético como herramienta de control político y económico, además de señalar presuntos casos de corrupción dentro de la administración de la isla.
En respuesta, el viceprimer ministro cubano, Óscar Pérez-Oliva, afirmó que las sanciones profundizan lo que calificó como un “cerco energético” que afecta directamente a la población, al tiempo que acusó a Estados Unidos de mantener una política de presión máxima contra La Habana.
El endurecimiento de las restricciones también ha tenido impacto en intentos recientes de acuerdos comerciales vinculados a la importación de combustible. Informes previos señalaban negociaciones de empresas estadounidenses para suministrar petróleo a la isla, aunque estas iniciativas quedaron suspendidas tras la intervención del Departamento de Estado.
El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha reforzado en los últimos meses las medidas contra sectores estratégicos cubanos, incluyendo energía, defensa y finanzas, en el marco de su política de presión para promover cambios políticos en la isla.
Las autoridades cubanas sostienen que estas sanciones agravan la situación económica interna y afectan directamente el acceso a combustibles y recursos básicos en el país.
