Redacción, 24 de octubre.- La fiscalía federal acusó recientemente a seis personas en Massachusetts por integrar una presunta red de matrimonios fraudulentos diseñada para obtener beneficios migratorios en Estados Unidos. Según los documentos judiciales citados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la organización habría operado durante más de una década con cobros de entre USD 38.000 y USD 40.000 por cada casamiento simulado.
El caso pone en foco una práctica que algunos inmigrantes consideran un atajo hacia la residencia permanente, pero que puede derivar en consecuencias graves. Una persona que haya obtenido su green card mediante un matrimonio simulado se expone a perder su estatus migratorio, enfrentar un proceso de deportación e incluso recibir cargos penales federales.
Los efectos no se limitan a los organizadores: cualquier participante en un arreglo de este tipo queda bajo la mira de las autoridades, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde el casamiento.
Las repercusiones para quien participó en un matrimonio fraudulento dependen de su situación migratoria al momento en que las autoridades detecten el fraude. Un experto en derecho migratorio consultado por Telemundo explicó que “si uno es ciudadano, debe de ser casi imposible perder la ciudadanía”, pero que la residencia permanente tiene “un estándar mucho más bajo para perderlo”, ya que se trata de un permiso de permanencia, no de una garantía.
Si las autoridades determinan que la persona obtuvo la residencia permanente con documentación fraudulenta, pueden iniciar un procedimiento que ponga en riesgo su estatus legal, con la posibilidad de una orden de deportación. En los casos en que el fraude se detecte durante la evaluación de una solicitud en curso, USCIS puede rechazar la residencia, el permiso de trabajo o la ciudadanía.
El paso de los años no cierra de forma automática la puerta a una investigación. El procedimiento legal depende, entre otros factores, de cómo se obtuvo la residencia y de las circunstancias particulares del caso. Cada situación migratoria requiere una evaluación individual, y las posibles sanciones no son un resultado predeterminado: dependen de la situación concreta, la prueba reunida y las decisiones de las autoridades o los tribunales.
Según el comunicado de USCIS, los seis acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude matrimonial, fraude matrimonial, conspiración para ocultar inmigrantes indocumentados y ocultamiento de inmigrantes indocumentados. La acusación sostiene que la principal organizadora dirigió un negocio en el que inmigrantes sin documentos le pagaban para que les arreglara casamientos con ciudadanos estadounidenses y así pudieran presentar papeles falsos ante USCIS para regularizar su situación.
Los documentos judiciales indican que la organización instruía a sus clientes sobre cómo aparentar una relación legítima. Les indicaba que debían abrir cuentas bancarias conjuntas, contratar pólizas de seguro de vida y tomarse fotografías juntos en estilo selfie, como si fueran una pareja real. Según la acusación, la responsable de la red les explicaba que el proceso de preparar la documentación suficiente para solicitar la residencia tomaba entre tres y cuatro meses.
Los clientes debían firmar contratos que, según la fiscalía, la organización redactó de manera deliberada para ocultar el propósito real del acuerdo. El contrato evitaba mencionar al cónyuge porque hacerlo sería “incriminante”, habría dicho la acusada, de acuerdo con los registros de audio y video obtenidos durante la investigación. Según los documentos judiciales citados por USCIS, los clientes solían pagar USD 500 mensuales a su “cónyuge” asignado o a una persona cercana, como parte de la apariencia de una unión real.
Es importante precisar que las imputaciones son alegaciones y que los acusados son inocentes hasta que un tribunal demuestre lo contrario, tal como lo establece el propio comunicado de USCIS.
