Ottawa, 25 Mar.- Una auditoría oficial en Canadá ha destapado graves fallas en el control del sistema migratorio, tras detectar cerca de 150.000 casos sospechosos dentro del programa de estudiantes internacionales, de los cuales solo unos 4.000 fueron investigados.
La auditora general Karen Hogan advirtió que el Departamento de Inmigración no actuó ante múltiples alertas de fraude, lo que “debilita la integridad del sistema” y pone en riesgo el control migratorio del país.
El informe señala que los casos fueron marcados principalmente porque miles de estudiantes no asistían a las instituciones educativas que los habían aceptado, incumpliendo las condiciones de sus permisos de estudio.
A pesar de la magnitud del problema, el gobierno solo inició unas 4.000 investigaciones entre 2023 y 2024, de las cuales 1.600 quedaron inconclusas por falta de respuesta de los implicados. Según el auditor, este proceso puede tardar hasta seis meses y se limita a apenas dos intentos de contacto.
Además, el organismo reveló que el sistema solo tiene capacidad presupuestaria para realizar unas 2.000 investigaciones al año hasta 2028, muy por debajo del volumen de casos detectados.
La ministra de Inmigración, Lena Diab, reconoció las deficiencias, aunque calificó el informe como un análisis preliminar y prometió centralizar y agilizar las investigaciones. Sin embargo, no detalló si se aumentarán los recursos ni el número de revisiones.
El informe también expone fallos aún más graves: entre 2018 y 2023, al menos 800 solicitudes aprobadas contenían documentos falsos o información engañosa, sin que el departamento tomara medidas posteriores.
Las consecuencias del descontrol son significativas. Según la auditoría:
- El 92% de los estudiantes con irregularidades solicitó otros estatus migratorios.
- 456 obtuvieron aprobación, incluyendo 105 que lograron la residencia permanente.
La oposición ha reaccionado con dureza. La portavoz conservadora de inmigración, Michelle Rempel Garner, acusó al gobierno de generar una crisis de confianza en el sistema migratorio.
Otro punto crítico revelado es la falta de control sobre quienes permanecen en el país tras expirar sus visas. De 549.000 permisos vencidos en 2024:
- Solo 39.500 personas recibieron orden de salida.
- Apenas 16.000 abandonaron efectivamente Canadá, según datos verificados con la Agencia de Servicios Fronterizos.
La auditoría concluye que el sistema carece de mecanismos efectivos para rastrear a los estudiantes internacionales y garantizar el cumplimiento de la ley, lo que podría facilitar abusos migratorios a gran escala.
Este escándalo se produce en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno, que busca reducir el número de residentes temporales a menos del 5% de la población para 2027. Como parte de esta estrategia, ya se han impuesto límites más estrictos a la admisión de estudiantes internacionales.
Sin embargo, el informe advierte que las aprobaciones de visas han caído muy por debajo de lo previsto, con una tasa del 41% en 2024 y apenas 38% en 2025, sin que las autoridades puedan explicar completamente las causas.
La crisis del sistema de estudiantes internacionales amenaza no solo la credibilidad migratoria de Canadá, sino también el funcionamiento de universidades y sectores económicos que dependen de estos estudiantes, generando un nuevo frente de presión política para el gobierno.
