Lima, 26 dic.- Las autoridades peruanas reforzaron este jueves la vigilancia policial en los alrededores de la embajada de México en Lima para impedir un posible intento de fuga de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la sede diplomática desde noviembre y enfrenta una condena judicial por su presunta participación en el intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola, informó que el número de agentes desplegados en todos los accesos a la embajada, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, se ha “duplicado e incluso triplicado” en los últimos días. La medida responde al riesgo de que las celebraciones navideñas sean aprovechadas para facilitar una eventual salida irregular de la exjefa de gabinete.
Según detalló Arriola, el operativo especial se activó desde la madrugada del 25 de diciembre y mantiene una presencia policial permanente, con patrullajes constantes y controles en las inmediaciones del recinto diplomático. Las autoridades han subrayado que el objetivo es garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales sin vulnerar el derecho internacional.
Chávez fue sentenciada en noviembre a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, en un proceso que también involucró al expresidente Castillo y a otros exfuncionarios de su entorno. No obstante, permanece en la embajada mexicana luego de que el Gobierno de México le concediera asilo diplomático, mientras el Estado peruano se niega a otorgar el salvoconducto que le permitiría abandonar el país sin ser detenida.
En medio de este escenario, trascendió que Chávez presentó su renuncia al partido Todo con el Pueblo, vinculado políticamente a Castillo e integrante de la alianza Juntos por el Perú, que se prepara para participar en las elecciones generales de 2026. En una carta difundida públicamente, la ex primera ministra argumentó que su decisión obedece a “razones personales, vinculadas a una lectura política responsable y a la coherencia con mis principios y valores democráticos”.
La situación política se complejiza aún más con la inscripción de Herminia Chino, madre de Betssy Chávez, como candidata al Senado por el partido Podemos Perú. Su postulación se da en un contexto de reconfiguración de alianzas entre sectores de la izquierda peruana y antiguos colaboradores del expresidente Castillo, lo que ha generado debate y críticas dentro del escenario político nacional.
El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, quien difundió la carta de dimisión en redes sociales, afirmó que su defendida “se mantendrá firme en el camino por la recuperación de la patria en paz y justicia social”, y expresó su respaldo a la candidatura de la madre de la ex primera ministra.
El caso de Betssy Chávez ha provocado una grave crisis diplomática entre Perú y México. En noviembre de 2025, el Gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con México tras la concesión del asilo, en lo que analistas califican como uno de los episodios más tensos entre ambos países en décadas.
Pese a la presión política y mediática, las autoridades peruanas han reiterado que respetarán la inmunidad diplomática de la embajada mexicana y han descartado cualquier incursión policial en el recinto, negando que se contemple un escenario similar al ocurrido en la embajada de México en Ecuador en 2024. No obstante, el caso continúa siendo un foco de fricción política interna y externa, con repercusiones tanto judiciales como diplomáticas.
