Edmonton, 11 dic. — La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, se convirtió este miércoles en la segunda jefa de gobierno en la historia de la provincia —y la primera en casi 90 años— en enfrentar una campaña ciudadana de destitución, luego de que Elections Alberta aprobara oficialmente la recolección de firmas para su posible remoción del cargo.
Las peticiones contra Smith y otros dos miembros del Partido Conservador Unido (UCP) fueron autorizadas y lanzadas de manera simultánea. En total, 20 de los 47 legisladores del UCP están siendo objeto de procesos similares, junto con una diputada del NDP de la oposición, Amanda Chapman, lo que refleja una situación política excepcional en la provincia.
La campaña contra Smith está encabezada por Heather VanSnick, residente de su distrito de Brooks–Medicine Hat, quien deberá reunir poco más de 12.000 firmas —equivalentes al 60% de los votos emitidos en 2023— para que el proceso avance hacia un referéndum. En su solicitud, VanSnick acusa a Smith de ignorar a electores y expertos locales en la elaboración de políticas públicas. “Un liderazgo eficaz requiere una conexión genuina y un compromiso constante, ambos ausentes durante su mandato”, afirmó, además de acusarla de debilitar servicios públicos y favorecer la privatización.
Smith rechazó categóricamente esas acusaciones durante una conferencia de prensa no relacionada. “Brooks–Medicine Hat ya no es el ‘rincón olvidado’. Sigo participando en reuniones trimestrales y este fin de semana habrá otra”, dijo, asegurando que mantiene un contacto continuo con los residentes. También reiteró su postura de que el proceso de revocatoria está siendo “utilizado como arma” para resolver disputas políticas que, según ella, deben dirimirse “en las urnas”.
La primera ministra recordó que había considerado cambiar la legislación de revocatoria en otoño debido a supuestas intervenciones de “actores extranjeros” o sindicatos, afirmaciones que fueron negadas por la Federación del Trabajo de Alberta. Sin embargo, el gobierno decidió no avanzar con los cambios durante la sesión legislativa. Preguntada ahora sobre si la petición en su contra reactivaría esa idea, Smith respondió: “Tuvimos la oportunidad y no lo hicimos”, aunque no descartó modificaciones futuras.
Ese mismo día se aprobaron otras peticiones formales contra los ministros Nate Glubish (Tecnología) y Rebecca Schulz (Medio Ambiente). Los solicitantes alegan que ambos han fallado en atender adecuadamente las preocupaciones de los residentes, algo que los ministros niegan asegurando que ofrecen resultados tangibles a sus comunidades.
La situación actual recuerda al único precedente histórico: el del primer ministro William Aberhart, líder del Crédito Social, quien enfrentó una revocatoria en 1937 impulsada por votantes de Okotoks–High River tras acusarlo de incumplir promesas sobre reforma monetaria. Aberhart denunció entonces la existencia de “fuerzas oscuras” tras la campaña y semanas después su gobierno derogó la ley que él mismo había aprobado en 1936.
En 2019, el UCP de Jason Kenney restableció la legislación de revocatoria, que entró en vigor en 2021. Este año, bajo el liderazgo de Smith, la ley fue modificada nuevamente para facilitar la recolección de firmas. Irónicamente, esa flexibilización ahora se vuelve en su contra.
El proceso de destitución es complejo: los solicitantes cuentan con tres meses para reunir el 60% del padrón de 2023. Si lo logran, se votará si el legislador conserva su escaño. De perderlo, se convocarán elecciones parciales. Todo esto ocurre a menos de dos años de las elecciones generales de Alberta, programadas para el 18 de octubre de 2027.
