CIUDAD DE MÉXICO, 26 Nov— La Cámara de Diputados aprobó este martes una ambiciosa ley contra la extorsión, elevando las penas de prisión hasta 42 años como parte del plan nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar un delito que continúa en ascenso en el país. La normativa, que obtuvo 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, será enviada ahora al Ejecutivo para su promulgación.
La iniciativa —que ya había sido aprobada en el Senado— surge en respuesta al aumento del 5% en los casos de extorsión entre enero y octubre respecto al mismo periodo de 2024, según datos oficiales. El gobierno busca unificar criterios de castigo y reforzar la capacidad del Estado para enfrentar una actividad criminal que afecta a empresas, productores agrícolas y ciudadanos en todo el país.
La ley establece un tipo penal único y penas homologadas en los 32 estados, que van de 15 a 25 años de prisión, además de multas económicas. Sin embargo, las sanciones podrán ascender hasta 42 años cuando existan agravantes.
Entre los cambios más relevantes, la normativa incrementa de 5 a 12 años las penas cuando los delincuentes utilicen dispositivos electrónicos, plataformas digitales o servicios de comunicación para cometer la extorsión. Asimismo, establece sanciones de 10 a 20 años de cárcel y multas para los funcionarios que omitan denunciar casos de extorsión, y penas de 3 a 5 años para las autoridades penitenciarias que faciliten o permitan esta actividad desde las cárceles.
Uno de los hallazgos más alarmantes expuestos por las autoridades es que el 56% de las líneas telefónicas usadas en extorsiones provienen de 12 centros penitenciarios, lo que refuerza la necesidad de intervención del Estado dentro del sistema carcelario.
Con el fin de reducir el altísimo porcentaje de casos que no se reportan —cerca del 97%— la ley permitirá que la extorsión sea un delito perseguible de oficio, es decir, sin necesidad de un denunciante. Además, se habilitarán denuncias anónimas para proteger la integridad de las víctimas.
La normativa contempla también el bloqueo inmediato de números telefónicos utilizados para extorsionar y refuerza la obligatoriedad de que las empresas de telecomunicaciones colaboren con las autoridades.
Los cambios incluyen modificaciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a diversas leyes adicionales.
La aprobación ocurre poco después del asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en Michoacán, quien había denunciado
