Bogotá, 13 nov.– La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió este miércoles una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro, tras su participación en un acto público en Medellín al que asistieron jefes de las principales bandas delincuenciales de la ciudad.
El proceso se inició luego de una denuncia presentada por el concejal de Medellín Alejandro de Bedout, quien pidió esclarecer si Petro incurrió en participación indebida en política, uso de recursos públicos con fines proselitistas y convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente, acciones que podrían haberse realizado fuera del marco constitucional.
El documento entregado a la Comisión también pide investigar el presunto hostigamiento a autoridades territoriales y la presencia de personas privadas de la libertad y miembros de estructuras armadas ilegales en un evento oficial, transmitido por medios públicos y con funcionarios del Gobierno Nacional en la tarima.
El acto con jefes de bandas en Medellín
El evento en cuestión tuvo lugar el 21 de junio, cuando Petro encabezó un acto público sobre los diálogos de paz con las bandas criminales de Medellín y celebró la aprobación de su reforma laboral.
Entre los asistentes se encontraban reconocidos cabecillas del crimen organizado, como Juan Carlos Mesa (alias “Tom”), Jorge de Jesús Vallejo (alias “Vallejo”), Freiner Ramírez (alias “Carlos Pesebre”) y José Leonardo Muñoz (alias “Douglas”), pertenecientes a la banda de sicarios conocida como La Oficina.
Estos delincuentes fueron autorizados a salir temporalmente de prisión para participar en el acto, lo que provocó una fuerte polémica nacional por la supuesta legitimación pública de líderes criminales y la falta de control institucional en el proceso.
Los diálogos con estructuras criminales
El Gobierno de Petro ha impulsado en los últimos meses varias mesas de diálogo con grupos armados urbanos, con el objetivo de desmovilizar a más de 12.000 integrantes y pacificar las comunas de Medellín.
Iniciativas similares se desarrollan en Barranquilla, Quibdó y Buenaventura, donde operan organizaciones como Los Shottas y Los Espartanos. Sin embargo, críticos del Gobierno advierten que estas negociaciones carecen de transparencia y control judicial, y podrían derivar en impunidad para líderes criminales.
La Comisión de Acusación deberá determinar si existen méritos para abrir un proceso formal contra el jefe de Estado, en lo que podría convertirse en uno de los episodios judiciales más delicados de su mandato.
