Río de Janeiro, 3 nov.- La divulgación oficial de los nombres y antecedentes de los 115 muertos identificados tras la reciente megaoperación policial en los complejos de Alemão y Penha ha confirmado la magnitud del golpe contra el Comando Vermelho (CV), la organización criminal más poderosa de Brasil. Según la Policía Civil, más del 95 % de los fallecidos mantenía vínculos comprobados con el narcotráfico y la estructura delictiva que domina gran parte del estado de Río y opera en varios puntos del país.
El operativo, que movilizó a 2.500 agentes de las fuerzas de seguridad, dejó un saldo de 117 civiles muertos —115 ya identificados— y cuatro policías fallecidos. De acuerdo con las autoridades, el despliegue fue una respuesta a los ataques armados sufridos por las tropas al ingresar en zonas montañosas de difícil acceso, donde se refugiaban líderes del Comando Vermelho.
Un golpe sin precedentes contra el crimen organizado
El balance oficial de la Secretaría de Seguridad Pública señala que 97 de los muertos tenían antecedentes criminales graves y 59 eran buscados por la justicia. Entre los delitos figuran homicidio, tráfico de drogas, robo, asociación criminal y porte ilegal de armas. Además, el 54 % de los fallecidos no era originario de Río de Janeiro, sino de estados como Pará, Bahía, Amazonas y Goiás, lo que refuerza la tesis de que la capital fluminense funcionaba como un centro de operaciones nacional del Comando Vermelho.
El secretario de Policía Civil, Felipe Curi, afirmó que los resultados confirman la estructura nacional y la capacidad operativa del Comando Vermelho. “Esa mínima fracción que no poseía antecedentes penales no cambia el contexto. Si no hubieran reaccionado, habrían sido detenidos con armas de guerra y granadas”, declaró Curi. Según la investigación, en Río se encontraban líderes del tráfico provenientes de once estados distintos, lo que demuestra la expansión de la red criminal.
Por su parte, el gobernador Cláudio Castro calificó la acción como “un duro golpe contra la delincuencia organizada” y destacó que varios de los abatidos figuraban como cabecillas del tráfico en sus regiones de origen. “El objetivo fue contener la expansión territorial del Comando Vermelho y desmantelar su red interestatal de narcotráfico”, aseguró el mandatario estatal.
Debate sobre la proporcionalidad del operativo
Pese al respaldo del Gobierno estadual, la operación ha generado una fuerte controversia en Brasil. Organismos de derechos humanos y representantes de la ONU han solicitado una investigación independiente para determinar si existió un uso excesivo de la fuerza y si se violaron derechos fundamentales durante la incursión.
Mientras la Defensoría Pública eleva la cifra total de muertos a 132 personas, el Gobierno de Río mantiene el número oficial en 121, incluyendo a los agentes de seguridad caídos. Para las autoridades, la diferencia se debe a que algunas víctimas aún no han sido reconocidas formalmente o no estaban en el área de la operación al momento del enfrentamiento.
El perfil de los abatidos
La lista completa publicada por la Policía Civil —una de las más detalladas en la historia reciente de Brasil— describe un perfil uniforme de las víctimas: hombres jóvenes, en su mayoría con antecedentes por tráfico de drogas, homicidio o robo, y algunos identificados como líderes regionales del Comando Vermelho.
El informe oficial señala que Río de Janeiro se ha convertido en un punto de convergencia para delincuentes de todo el país, lo que explica la presencia de individuos buscados en al menos once estados brasileños. La publicación de los nombres busca, según las autoridades, transparentar el operativo y responder a las críticas sobre su letalidad.
Sin embargo, colectivos civiles denuncian que la militarización de las favelas perpetúa una política de violencia estructural. “No hay justicia cuando las respuestas del Estado se miden en cadáveres”, expresó en un comunicado la organización Red de Observatorios de Seguridad Pública.
Repercusiones internacionales
El impacto del operativo trascendió las fronteras brasileñas. El Gobierno de Uruguay anunció el refuerzo de los controles fronterizos para evitar la posible fuga de miembros del Comando Vermelho hacia su territorio, mientras que en Brasilia varios senadores pidieron la comparecencia del ministro de Justicia para esclarecer los protocolos empleados.
La operación, considerada la más letal de la última década en Brasil, ha dividido profundamente a la opinión pública. Para unos, representa un golpe necesario contra el crimen organizado; para otros, un nuevo capítulo de violencia estatal en las favelas de Río.
La publicación de la lista con los 115 nombres y antecedentes completa el relato de una acción sin precedentes que reabre el debate sobre los límites entre la seguridad pública y los derechos humanos en Brasil.
