La Paz, 22 ago.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia instruyó este viernes la revisión inmediata de los plazos de detención preventiva en los procesos que enfrentan Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, considerados los principales presos políticos derivados de la crisis de 2019. La medida, firmada por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, ordena a los Tribunales Departamentales de Justicia verificar en un plazo máximo de 24 horas si las detenciones continúan siendo legales o si deben levantarse.
El documento oficial establece que los jueces podrán actuar “inclusive de oficio”, en cumplimiento de sus facultades constitucionales, y aclara que la disposición no constituye una injerencia sobre la independencia judicial, sino la reafirmación de que las decisiones deben adoptarse “sin presiones ni influencias externas”.
Contexto político y judicial
Los tres opositores enfrentan causas abiertas desde los sucesos de 2019, cuando la salida de Evo Morales de la presidencia tras denuncias de fraude electoral desencadenó una ola de protestas que dejó decenas de muertos.
- Jeanine Áñez fue condenada a 10 años de prisión en el caso “Golpe de Estado II”, donde se determinó que asumió la presidencia de manera supuestamente ilegal. Además, encara otros siete procesos penales.
- Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, y Marco Pumari, exlíder cívico de Potosí, permanecen detenidos en el marco del caso “Golpe de Estado I”, paralizado desde hace meses a la espera de una definición del Tribunal Constitucional sobre el delito de terrorismo.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, en Bolivia existen más de 300 presos políticos bajo medidas preventivas.
Reacciones y consecuencias
Áñez celebró la decisión a través de sus redes sociales:
“Después de 4 años y medio, el Tribunal Supremo de Justicia instruye actuar en derecho. No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho que, aunque llega tarde, lo recibo con júbilo y con fe en que la justicia ahora nos da esperanza a todos los bolivianos”.
La expresidenta advirtió además que la justicia debe “restituir los derechos y garantías conculcados por la persecución política del MAS”.
Por su parte, el constitucionalista William Bascopé explicó que la disposición responde al principio de celeridad y transparencia, y subrayó que “por primera vez el TSJ asume un rol activo” en la aplicación de la Constitución y la Ley Orgánica Judicial.
Impacto político inmediato
La instrucción del TSJ llega un día después de que el Movimiento al Socialismo (MAS) quedara fuera de la segunda vuelta en las elecciones generales, un golpe político para el oficialismo de Luis Arce. Este nuevo escenario eleva la tensión en un país que aún no supera las heridas del conflicto de 2019 y abre la posibilidad de un giro en los procesos judiciales contra la oposición.
Próximos pasos
Los Tribunales Departamentales deberán remitir en 24 horas los informes de verificación y resolver conforme a derecho. Si se determina que los plazos de la detención preventiva se han vencido, los jueces estarán obligados a disponer la liberación inmediata de los acusados.
El resultado de esta revisión podría marcar un punto de inflexión en la justicia boliviana, redefiniendo el futuro judicial y político de Áñez, Camacho y Pumari, y reabriendo el debate sobre el uso de la justicia con fines políticos en el país.
