Madrid, 18 agosto.- El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha imputado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos, citándolas a declarar los próximos 10 y 11 de septiembre.
El magistrado ha dictado un auto, adelantado por la Cadena SER y confirmado por EFE, en el que amplía la investigación sobre Gómez, ya imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida, al considerar que existen indicios suficientes de que la contratación de Álvarez pudo estar vinculada a un uso indebido de recursos públicos para fines privados.
El origen del caso
La causa se apoya en un auto del pasado 12 de junio de la Audiencia Provincial de Madrid, que avaló la línea de investigación por un posible delito de malversación relacionado con la gestión de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que dirigía Gómez.
El juez retoma así la instrucción después de que el Tribunal Supremo rechazara su petición de investigar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de Álvarez como personal de confianza.
Los indicios contra Gómez y Álvarez
Según la Audiencia de Madrid, la investigación debe esclarecer si Cristina Álvarez se excedió en sus funciones públicas para favorecer los intereses particulares de Gómez. Entre los indicios, se destacan:
- Testimonio del vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, quien afirmó mantener “muchos correos” con Gómez y Álvarez, señalando a esta última como la persona de confianza que gestionaba directamente las comunicaciones.
- Un correo electrónico enviado a la directora de comunicación de Reale Seguros, en el que Álvarez solicitaba la continuidad de la aseguradora como patrocinadora del máster de Gómez, una gestión que excedería sus competencias como asesora en Moncloa.
- Vínculos con las empresas del Grupo Barrabés, que habrían sido utilizadas por Gómez para impulsar actividades privadas bajo el amparo de recursos públicos.
- La relación personal de amistad entre Gómez y Álvarez, considerada por la Audiencia como la causa del nombramiento de la asesora en un puesto de confianza que habría servido a intereses estrictamente privados.
Una estructura de poder bajo sospecha
El auto subraya que estas actuaciones habrían sido posibles gracias a una estructura institucionalizada de poder derivada de la posición de Gómez como esposa del presidente del Gobierno, lo que refuerza su influencia y, en consecuencia, la gravedad de la presunta desviación de fondos públicos.
Por ello, la Audiencia concluyó que “procede continuar con la investigación” en la pieza separada por malversación abierta por el juez Peinado, que será clave para determinar si existió un uso indebido de medios públicos en beneficio de actividades privadas vinculadas a la mujer de Pedro Sánchez.
