SAN SALVADOR, 24 de julio – El Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT) de El Salvador presentó este jueves una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando la suspensión inmediata de la polémica Ley de Agentes Extranjeros, aprobada recientemente por el Congreso.
La normativa permite imponer un impuesto del 30 % sobre las donaciones que reciben organizaciones no gubernamentales (ONGs), lo que ha sido interpretado por diversos sectores como un intento del gobierno por criminalizar a defensores de derechos humanos y limitar la labor de la sociedad civil independiente.
“La Ley de Agentes Extranjeros busca criminalizar a las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos, como es el caso de Ruth López, Henrique Anaya y otros activistas que han denunciado violaciones de derechos e indicios de corrupción en el actual régimen”, declaró Silvia Navarrete, dirigente sindical del MDCT, en una conferencia de prensa.
Según Navarrete, la ley y su reglamento violan de forma flagrante al menos una decena de artículos de la Constitución salvadoreña, particularmente aquellos relacionados con los principios de legalidad, igualdad, libertad de expresión, asociación y participación política.
Por su parte, Morena Murillo, también dirigente del movimiento, explicó que la demanda solicita a la Corte una suspensión cautelar de la vigencia e implementación de la ley “hasta que se resuelva su presunta inconstitucionalidad”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había advertido a inicios de junio sobre los peligros de esta legislación, al considerar que podría comprometer la sostenibilidad financiera de las organizaciones y medios de comunicación que “actúan en defensa de los derechos fundamentales”.
Diversas ONG internacionales también han manifestado su rechazo a la ley, al considerarla una “amenaza directa” contra la sociedad civil y la prensa independiente en El Salvador. El presidente Nayib Bukele, sin embargo, defendió la normativa el pasado 1 de junio, argumentando que busca mayor transparencia en el financiamiento internacional, aunque expertos y activistas la comparan con medidas autoritarias aplicadas en países como Nicaragua para acallar a la oposición.
La controversia se suma a una larga lista de cuestionamientos que enfrenta el gobierno salvadoreño en el ámbito internacional por el deterioro del Estado de derecho y el debilitamiento institucional.
